El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) llevó adelante lla mesa debate La policía que queremos, la policía que podemos compuesta por especialistas del país y moderada por el director de la institución, Marcelo Bergman.
Al calor de los debates públicos que suscitó el caso del policía Luis Oscar Chocobar, se propuso un diálogo con cientistas sociales, investigadores, abogados y funcionarios acerca del modelo de seguridad que necesita el país. Se puso especial énfasis en las fuerzas de seguridad y sus posibilidades.
La mesa debate estuvo compuesta por el secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alberto Föhrig; el docente e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Marcelo Saín; la investigadora del CONICET y experta en investigación etnográfica de militares y policías, Sabina Frederic, y el politólogo y ex secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Gorgal.
Gorgal se refirió a la dificultad que tienen las reformas en los sistemas políticos como el argentino para mantenerlas a largo plazo. “Históricamente la Argentina no ha tenido problemas en adoptar reformas, pero sí en sostenerlas en el tiempo. Es necesaria una reforma tanto estratégica como estructural que modifique las tareas críticas de la policía. El centro de gravedad de esa reforma deben ser los operadores, no las cúpulas policiales, ya que las reformas exitosas son aquellas que se piensan de abajo para arriba”.
Por su parte, Saín afirmó que no hay un claro diagnóstico sobre la policía actual ni sobre qué tipo de policía queremos. “Hay que pensar reforma de qué y para qué”. Se concentró en criticar que no existe un despliegue político de control sobre las fuerzas policiales, “tienen una autonomía políticamente concedida”. Aclaró que esta situación ya existía en el gobierno anterior pero que en los últimos años había empeorado. Remarcó la necesidad de desarrollar una policía capacitada y especializada en el marco de un modelo institucional de seguridad pública.
Asimismo, mostró su preocupación por la legitimidad que le otorgó el gobierno a la fuerza excesiva e ilegal utilizada por la policía en los últimos tiempos, y recordó los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Ferreira, el niño tucumano de 12 años asesinado por la policía de la provincia, entre otros.
El funcionario del Ministerio de Seguridad, Alberto Föhrig, defendió la gestión de los últimos dos años basándose en las estadísticas oficiales que marcan un descenso del 1,6% de la tasa de homicidio nacional. “En Santa Fe ciudad, en 2017 bajamos los homicidios un 49,6% a la mitad. En Rosario, disminuyó en un 21,8% en 2016 y 17,4% en 2017. Esto representa la cifra más baja de homicidios en la provincia desde el año 2000”. Criticó la falta de información y datos que tenía la gestión anterior, que había dejado de publicar sus estadísticas desde el año 2008 y afirmó que el Ministerio está trabajando en conjunto con las provincias para recabar esa información porque “es imposible tener cualquier criterio básico de modificación de políticas públicas de seguridad sin tener estadísticas y objetivos claros”.
Sabina Frederic cuestionó la labor y efectividad de las políticas de seguridad que está llevando adelante el gobierno recordando el accionar de las fuerzas de seguridad –reprimiendo las manifestaciones masivas de los últimos tiempo– que tuvo como consecuencia una gran cantidad de heridos e incluso muertos, al igual que los casos de “gatillo fácil” que se vienen repitiendo e incrementando. También mostró preocupación por el impacto en el aumento de la delincuencia que las políticas en materia económica y social que se están implementando puedan ocasionar. En este sentido, llamó a analizar cuál es el tipo de homicidio que está disminuyendo, si es aquel producto del enfrentamiento entre las bandas de narcotráfico o el de los homicidios como consecuencia de situaciones de delincuencia o de violencia doméstica.
