El Municipio de San Martín sancionará a los comercios, y a las instituciones públicas y privadas habilitadas para cobros, pagos o trámites, que ejerzan prácticas abusivas contra los usuarios.
A partir de una Ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, se considerará que no cumplen con el trato digno a las entidades que no brinden prioridad y atención preferencial a las mujeres embarazadas, adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad.
En ese sentido, cada establecimiento tendrá que garantizar la atención a todos los usuarios que ingresen al local dentro del horario establecido, e informar sobre el tiempo de demora.
También se tomará como práctica abusiva a la espera a la intemperie, en condiciones de incomodidad para los clientes, y a la falta de sanitarios de acceso libre y gratuito.
Al respecto, el director de Defensa al Consumidor, Adrián Ganino, sostuvo: «Llevamos adelante este proyecto que nos da la facultad para controlar que se respeten los derechos de los vecinos, fundamentalmente a partir de denuncias por trato indigno que las personas mayores recibían en algunas entidades financieras».
En todos los casos, el tiempo de espera en las cajas de atención al público no deberá superar los 30 minutos, y en aquellos locales que cuenten con asientos e instalaciones sanitarias, el máximo será de 60 minutos.
Los comercios e instituciones que no cumplan con estas normas tendrán que adaptar sus instalaciones y prácticas en un plazo de seis meses a partir de la promulgación de esta Ordenanza. En los próximos días, los establecimientos serán notificados.
Asimismo, deberán instalar carteles que especifiquen la dirección y teléfono de la Dirección de Comercio y Defensa al Consumidor, donde los vecinos puedan realizar las denuncias.
Estas oficinas – dependiente de la Secretaría de Gobierno y Seguridad- atienden de lunes a viernes, de 8 a 15, en Ramón Carrillo 2167. Además, cuentan con la línea de contacto gratuita 0800-888-4621; y se pueden realizar denuncias en la web municipal.
La aplicación de estos procedimientos y sanciones están previstas en la Ley Provincial N° 13.133, del Código Provincial de Procedimiento de los Usuarios y Consumidores.
La presentación de la Ordenanza contó con la presencia el presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella; la directora General del Área de Discapacidad y Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Natalia Panella; la subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, Mercedes Contreras; y la concejal Martha Susana Carranza.
