La Cámara de Diputados aprobó ayer por abrumadora mayoría de los votos la obligatoriedad de las salas de 3 años en el ciclo de educación inicial de todo el país, y fue girada al Senado donde podría tener destino de ley.
Con 206 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, los diputados dieron media sanción a la iniciativa, la cual requerirá la construcción de casi 11.000 salas de ese nivel en todo el país, con una inversión cercana a los 32 mil millones de pesos, además de alrededor de 9.000 millones al año para pago de sueldos, supo NA.
La mayoría de los bloques de la oposición, incluyendo al Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador y el bloque Justicialista, levantaron el pulgar a la propuesta pero plantearon reparos respecto del financiamiento requerido para afrontar esos gastos, los cuales no fueron contemplados en su totalidad en el proyecto sobre las previsiones presupuestarias del 2017.
No obstante, y ante un pedido concreto del diputado del bloque Justicialista Sergio Ziliotto, ese aspecto fue remendado en el tratamiento en particular de un artículo que fue modificado de manera tal que el financiamiento sea fijado en los convenios que la Nación suscriba con las provincias.
El presidente de la comisión de Educación y miembro informante del dictamen de mayoría, José Luis Riccardo (UCR- Cambiemos) valoró el esfuerzo realizado desde el inicio del debate en junio pasado en la comisión de Familia, y recalcó dicho compromiso se verá reflejado en un «plan plurianual» que apuntará a la incorporación de «400 mil niños y niñas» a ese nivel de enseñanza.
«Este acceso a la educación en las etapas iniciales fortalece su formación social, cultural y siempre de manera complementaria al rol de las familias», explicó el diputado radical, que expresó que «la educación en la primera infancia constituye un derecho».
Ante una inquietud de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Riccardo aclaró que de convertirse en ley, el Estado asumiría la obligación de proporcionar las condiciones para el acceso a la educación temprana de niños de tres años, pero que de manera concomitante las familias también tendrán el deber de incorporar a sus hijos a ese nivel educativo.
En tanto, apeló a «evidencias inegables producto de diversas investigaciones» para demostrar la idea de que «la educación a partir de los 2 años» produce efectos muy importantes en las «capacidades cognitivas» de los niños «necesarias para el aprendizaje».
En esta línea, agregó que los esfuerzos para mejorar la educación en la infancia temprana «permitirá revertir la desigualdad» en el acceso a la educación, que hace que por ejemplo en la Ciudad de buenos Aires exista una cobertura del 87 por ciento del acceso de niños a ese nivel educativo, mientras que «en otras localidades del interior profunda esa tasa es mucho mas baja».
Por el Frente para la Victoria-PJ, Luana Volnovich coincidió con el espíritu de la norma pero llamó la atención sobre la falta de precisión presupuestaria para hacer frente a la inversión necesaria.
«La partidas para gestión pedagógica y acompañamiento en educación inicial es de 17 millones de pesos frente a los 570 millones que fueron presupuestados el año pasado. Eso significa un recorte del 97 por ciento de las partidas», recalcó, y acotó que lo mismo ocurre con el recorte para la provisión de libros y bibliotecas a los jardines de infantes.
Por su parte, la diputada del Frente renovador Carla Pitiot también sembró dudas acerca de si están dadas las garantías presupuestarias para sustentar la oferta de salas de tres años.
«Sin duda, nosotros entendemos que se debe comprometer el Estado nacional a crear y asegurar una inversión para que esta ley sea efectiva y una realidad, que haya previsiones presupuestarias que no sean mero voluntarismo. La garantia debe estar dada en la cobertura del gasto corriente para salarios del personal docente, auxiliares y no docentes», advirtió.
