La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (Aiepba) anunció el viernes que el gobierno de la Provincia ha dado luz verde a un aumento del 11% en promedio en los aranceles que los establecimientos privados deberán aplicar en la cuota de noviembre de 2023.
La noticia llega después de que la Aiepba solicitara una actualización a las autoridades educativas, argumentando un creciente «desequilibrio» entre el incremento de los salarios de los docentes y las tarifas de los colegios privados, registrando una diferencia nominal del 66% desde el año pasado.
Es importante destacar que este incremento en los aranceles se sitúa por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), marcando una diferencia del 40%.
De acuerdo con estimaciones de la entidad que agrupa a más de 2.300 centros educativos en Buenos Aires, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, la inflación alcanzó el 311%; los aumentos salariales acumularon un 364% y los aranceles subieron un 268%.
El último incremento, autorizado en septiembre, ascendió al 5,4% sobre la cuota de agosto, al cual se sumó una autorización previa del gobierno bonaerense del 9% (14% para dos meses con inflación más alta).
«Una vez más, esta autorización para mejorar los aranceles se queda atrás frente a los aumentos en los costos de servicios en general y los salarios en particular que enfrentan las escuelas», afirmó el secretario Ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita.
«La brecha entre lo que los colegios pueden cobrar y los incrementos en los costos de las instituciones sigue ampliándose. En menos de dos años, la capacidad económica operativa de los centros educativos de gestión privada ha disminuido un 43% en relación con la inflación de ese período», explicó Zurita.
Es relevante recordar que Aiepba ha venido señalando la crítica situación que atraviesa el sistema educativo privado debido a estas distorsiones acumuladas en los últimos años. Las entidades arrastran una compleja situación desde la pandemia de Covid, donde muchos propietarios y administradores se vieron obligados a adquirir deudas y créditos para mantenerse operativos.
La institución, que representa a la gran mayoría de los colegios privados, ha solicitado a la Dirección General de Escuelas que se ajusten los topes arancelarios de manera adecuada para asegurar la prestación del servicio educativo en los institutos.
Además, en la carta dirigida a la Dirección General de Escuelas, sostienen que «dada la inflación y las variaciones económicas, consideramos crucial la implementación de una cláusula gatillo en los contratos de aranceles. Esto permitiría ajustarlos automáticamente en respuesta a los incrementos de los salarios docentes, asegurando así la estabilidad financiera de nuestras instituciones».
Por último, advierten sobre la difícil situación de al menos 30 colegios que están en riesgo de cerrar y suspender la prestación de servicios educativos debido a la imposibilidad económica de afrontar los costos.
