La justicia platense libró una orden de detención para Mariano Bruera, uno de los hermanos del exintendente de La Plata Pablo Bruera, en una causa por supuesto pedidos de coimas y asociación ilícita para habilitar lotes destinados al plan Pro.Cre.Ar.
La jueza de Garantías Marcela Garmendia, que subroga a Pablo Raele, denegó este jueves el pedido de hábeas corpus presentado el lunes pasado por el abogado defensor de Bruera, Alejandro Montone, y ya notificó al letrado de la decisión, indicaron fuentes judiciales.
De este modo, quedó firme la orden de detención formulada por el fiscal Jorge Paolini para que el hermano del exjefe comunal sea detenido, acusado de liderar una «asociación ilícita» de exfuncionarios que pedía dádivas a quienes buscaban zonificar un terreno para su posterior venta.
Según confirmaron las fuentes consultadas, tras el fallo «se notificó a los abogados de ambas partes y, como al momento Mariano Bruera no se presentó, quedó en rebeldía».
«Es por ello que técnicamente está prófugo. O se entrega, o lo detienen», señalaron.
El pedido de detención que había sido librado el pasado 19 de diciembre había quedado en suspenso luego de que el juez Raele ordenara hacer lugar a un planteo de la defensa para que el requerimiento fiscal fuera revisado por jueces de cámaras.
Empero, por unanimidad el tribunal que encabeza el doctor Agüero dispuso «denegar el beneficio de eximición de prisión».
En la resolución dada a conocer este jueves se entiende que «su condición de funcionario público, la importancia del daño patrimonial causado y la circunstancia en que se halla la investigación, puede razonablemente inferirse que el funcionario podría entorpecer la investigación para impedir la obtención de nuevos elementos probatorios».
Asimismo se anticipa que «el aprovechamiento de la estructura funcional, recursos y medios pertenecientes al municipio llevan a considerar que la pena, de recaer condena será de cumplimiento efectivo».
La causa comenzó cuando Guillermo Andreau, un vecino y empresario, denunció que funcionarios del gobierno municipal le habían pedido, en 2014, la suma de 200.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del Pro.Cre.Ar.
De acuerdo a las escuchas telefónicas que constan en la causa, tanto Bruera como el exdirector general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, y el exsecretario de Gestión Pública, Enrique Sette, integraban una «red de corrupción» que operaba en el municipio platense.
Paolini también involucró a los empleados Cristian Ybarra y Raul Moriatti, quienes desde hace diez días ya se encuentran detenidos.
El fiscal le imputa a Sette, Moreno e Ibarra los delitos de «exacciones ilícitas y cohecho pasivo» y por formar parte de una asociación ilícita todos estos hechos en concurso real, mientras que a Petró y a Bruera les atribuyen el delito de asociación ilícita.
