La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°28, Graciela Gils Carbó, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra dos abogados, un funcionario público, dos empleadas de una librería y un hombre que prestaba su nombre, acusados de promover más de 60 juicios ejecutivos de pagarés falsificados en perjuicio de empleados del sector privado y trabajadores de bajo rango de las Municipalidades bonaerenses de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.
Según se determinó en la investigación, entre los años 2009 y 2010, los dos abogados y el hombre que les prestaba su nombre pusieron en marcha 167 juicios ejecutivos de pagarés, por importes de hasta $10.000.
La Fiscalía entrevistó a los 65 damnificados, los cuales desconocieron las firmas en los documentos o admitieron haber firmado los pagarés, pero durante la década del ´90, por montos muy inferiores, cuando los préstamos para empleados de baja jerarquía no superaban los 1000 o 1200 pesos que, en ese entonces, equivalían a mil dólares. Además, casi ninguno conocía la existencia del juicio, ni a la persona que los demandaba o a sus abogados.
Oportunamente, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de peritajes caligráficos, los cuales demostraron que muchas de las firmas eran apócrifas, otras correspondían al demandado, y las restantes, suscriptas en documentos que databan de fines de la década del ’90, no pudieron determinarse.
Repasando los juicios, se advirtió que el formulario de pagaré llevaba en la parte correspondiente a la fecha, la leyenda “… de … de 199….”, lo que evidenciaba que fueron impresos para ser usados durante los años ’90. Todos los documentos llevaban salvada la fecha y colocado 2005 a 2009, tenían los montos en blanco, habían sido completado con sumas de hasta diez mil pesos, y todos habían sido librados a favor de los prestamistas COLTEP S.A., FULLCRED S.A. y FINANSUELDO S.A. y endosados a favor del ejecutante.
Conforme la investigación de la Fiscalía, la maniobra consistía en que los abogados aprovechaban que los documentos tenían los montos en blanco y plasmaron sumas de hasta 10000 pesos, al tiempo que falsificaron las fechas de creación, para hacerlos pasar como confeccionados entre los años 2005 y 2009. Asimismo, los investigadores descubrieron que el ejecutante estaba inscripto en la AFIP como autónomo, sin actividad comercial o laboral conocida, sin rendición de IVA ni ganancias, no obstante lo cual, en el período 2007-2009, aparecía adquiriendo los pagarés en la suma de 1.153.443 pesos.
Un dato notorio fue que en las ejecuciones, el traslado a las partes demandadas se efectuaba siempre en dos direcciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que funcionaba una librería y cuyas empleadas aseguraban a los notificadores que las víctimas vivían allí. De este modo, la banda se aseguraba que la persona ejecutada no supiera que se había iniciado un juicio contra él. Luego, los abogados pedían que se dictase sentencia condenatoria y, bajo su responsabilidad, notificaban la sentencia a distintos domicilios de Pilar, donde un mismo oficial de justicia informaba mentirosamente que el demandado vivía allí. Con eso, se garantizaban que la persona no pudiera presentarse a oponer excepciones de pago o de falsedad de título.
Finalmente, pedían el embargo de los haberes de los demandados y cobraban por orden judicial. Algunos pocos ejecutados, contrataron un letrado y lograron revertir la situación sin protesta de los abogados, que no querían exponerse a un peritaje caligráfico que descubriera la maniobra. Sin embargo, la mayoría de los afectados carecía de recursos económicos para costear el pago de un abogado que los representare.
En mayo de 2014, se realizaron los allanamientos de las oficinas de los letrados. Allí se encontraron pagarés con fechas en blanco por montos altos, junto a solicitudes de crédito por sumas muy inferiores, además de documentación relacionada con los hechos.
Según la Fiscalía, hubo muchas más ejecuciones en la Provincia de Buenos Aires y en el fuero Nacional, con la intervención de otras personas que prestaron su nombre a los mismos letrados para ser ejecutantes en nuevos procesos comerciales, que actualmente son investigados por la representante del Ministerio Público Fiscal.
