La CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC) preparan un plan de acción con una movilización para el próximo martes 31 de enero y una gran manifestación para mediados de febrero junto a otras organizaciones sociales en repudio a la demora en la reglamentación de la Ley de Emergencia Social.
La organización Barrios de Pie protestó este martes con ollas populares en varios puntos del país en reclamo de la reglamentación de la norma aprobada por el Congreso el pasado 14 de diciembre, al tiempo que se prepara para profundizar las medidas de fuerza con organizaciones aliadas y, posiblemente, referentes de centrales obreras.
Este conjunto de agrupaciones que negociaron con el Gobierno de Mauricio Macri los principales puntos de la iniciativa, que contempla el pago por parte del Gobierno de un salario social complementario de 4.030 pesos, denuncian que aún no ha sido reglamentada para su puesta en marcha.
Los principales puntos de concentración de este martes fueron el Obelisco, la municipalidad de Mar del Plata y la ciudad cordobesa de Carlos Paz, en donde realizaron movilizaciones e instalaron ollas populares, en repudio además «contra las medidas de flexibilización laboral impulsadas por el Gobierno Nacional», se informó.
«A pesar de contar con la aprobación de la ley de Emergencia Social como instrumento para paliar la agravada situación social, dicha medida aún no se reglamenta y las organizaciones sociales no hemos recibido ningún tipo de información al respecto», afirmó Barrios de Pie en un comunicado.
Daniel Menéndez, coordinador a nivel nacional del movimiento, criticó que «los tiempos del Gobierno tienen mucha parsimonia».
«Acá hay que tener más premura, hay que ser más ágiles, porque así lo requiere la situación social. Hay que reglamentar la ley y ponerse a laburar», sostuvo Menéndez, uno de los artífices del acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social para la aprobación de esta iniciativa a fin de año.
El dirigente adelantó además que, de no haber respuestas en lo inmediato, comenzarán a juntar firmas para apoyar el reclamo y que luego marcharán al Ministerio de Trabajo, en el bajo porteño, junto a organizaciones aliadas.
Gildo Onorato, secretario de políticas Sociales del Movimiento Evita y dirigente de CTEP, denunció que «se intenta flexibilizar a los trabajadores, reducir el gasto y el Ministerio de Trabajo toma parte por las empresas».
«El Gobierno no reglamenta una ley que es de emergencia, por eso nos movilizamos y continuamos con la lucha para que se implemente la totalidad de la norma aprobada por todos los bloques en el Congreso Nacional», manifestó Onorato.
La ley de Emergencia Social, acordada entre el Gobierno, la CGT y diferentes organizaciones sociales, fue aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado 14 de diciembre: entre sus puntos principales, establece el pago de un salario social complementario de 4.030 pesos a cooperativistas, equivalente a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, para lo cual el Estado deberá destinar fondos por hasta 30.000 millones de pesos durante los próximos tres años.
