Se trata de un proyecto de ley del diputado Ricardo Lissalde que establece criterios de inhabilidad para postularse a cargos públicos y partidarios a quienes hayan sido condenados por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública o demás casos de corrupción.
El diputado Lissalde se refirió al espíritu de la propuesta “tenemos como convicción una Reforma Electoral que tome las buenas prácticas y las experiencias de otras jurisdicciones provinciales y de Latinoamérica”.
En ese sentido, el legislador del Frente Renovador resaltó la necesidad de “modernizar el sistema electoral, sobre todo, en aspectos que permitan tener como centro la reconciliación entre el elegido y el elector”.
La iniciativa tiene en cuenta para las inhabilitaciones a directivos de empresas concesionarias de servicios y obras públicas estatales, como también a directivos de empresas que exploten juegos de azar. Se incluye también a magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de falta municipales.
Además, el proyecto legislativo restringe al personal de las Fuerzas Armadas y de otras fuerzas de seguridad, que haya sido llamado a prestar servicios, se encuentre en actividad o retirado. Asimismo, se inhabilita a personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, hechos de represión ilegal, violaciones de DDHH y apropiación de niños.
Cabe señalar que la iniciativa parlamentaria toma como referencia la Ley de Ficha Limpia, implementada en la política electoral brasileña a partir de los comicios de 2012.
