En medio de la discusion por un regimen penal juvenil, la Defensoria del Pueblo Bonaerense busco generar un material al partir del cual el Estado pueda diseñar y aplicar acciones que apunten «a una sociedad menos violenta y más inclusiva», fue el objetivo del estudio que llevó adelante esta entidad sobre centros juveniles del sistema penal de la Provincia.
Titulado «Relevamiento de las condiciones integrales de los Centros del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil: una mirada desde la Defensoría del Pueblo», el informe marca la conclusión de un trabajo presencial que se llevó adelante en todos estos establecimientos bonaerenses.
El equipo de Niñez y Adolescencia de la Adjuntía General de Gestión recorrió durante este año los centros de recepción, cerrados, contención y los de referencia del sistema penal juvenil (Ley 13.634), donde abordó el derecho a un ambiente sano (condiciones edilicias), derecho a la salud integral, derecho a la educación y capacitación del personal.
Con más de mil páginas, en el estudio se compararon las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores con la situación actual de cada uno de estos centros.
“Creemos que este informe será un aporte a las autoridades y a los actores en general a la hora de tomar decisiones. Las conclusiones del mismo deben llevar a reflexiones sobre cuál es el rol del Estado y cuáles son las acciones para tener una sociedad cada vez menos violenta y más inclusiva”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto General, Walter Martello.
En esa línea, indicó que “sabemos que hay cuestiones estructurales y pésimas decisiones tomadas por gestiones anteriores, pero es imposible pensar en resocialización si en algunos casos las celdas donde se alojan menores miden aproximadamente cinco metros cuadrados, se encuentran encerrados por 18 horas diarias, no se les permite tener artefactos (televisor, radios, ventilador, etc.) como tampoco espacios de lectura y escritura, y ningún otro elemento de esparcimiento. Claramente ello genera acumulación de tensión y falla en el control de impulsos elevando los niveles de violencia y afectando a la salud mental de las personas que habitan esas Instituciones”.
Las conclusiones del informe serán presentadas en agosto a autoridades y organizaciones del tercer sector que trabajan en la problemática de niñez y adolescencia.
