Durante la pesquisa, se determinó que las diez víctimas eran obligadas a prostituirse en un inmueble ubicado en la localidad de Ingeniero Budge, donde realizaban los “pases”. A los imputados se les endilga haberse aprovechado de la dependencia económica y la situación de vulnerabilidad de las mujeres.
El fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó al Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora la elevación a juicio de tres personas acusadas por el delito de trata de personas, en perjuicio de diez víctimas que eran explotadas sexualmente en un inmueble de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que en una vivienda de dos plantas ubicada en el cruce de las calles Olimpo y San Juan, las jóvenes mayores de edad, eran obligadas a realizar prácticas sexuales a cambio de dinero. Las tareas investigativas encubiertas fueron encomendadas a personal de la Gendarmería Nacional abocada al operativo “Centinela”, que constató el funcionamiento del lugar. Asimismo, durante un allanamiento “se secuestraron preservativos, sustancias estupefacientes, planilla y cuaderno de anotaciones y a su vez se constató la existencia de dos habitaciones donde las mujeres efectuaban los pases”, reseñó Gómez Barbella en el requerimiento de elevación a juicio.
De esa forma, se determinó “que el lugar no funcionaba como un simple bar” -como adujo uno de los imputados-, sino que “dicho lugar era un prostíbulo” donde las mujeres “hacían pases y copas” a razón de 300 pesos por media hora. Un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableció “la dependencia económica, la situación de vulnerabilidad, el manejo desplegado por los imputados”. Una mujer apodada “La Rubia” habría sido “la responsable de administrar el lugar” y quien “explotaba económicamente el ejercicio de la prostitución ajena”; el “personal” del lugar se completaba con un encargado -que servía las copas, recibía el dinero y hacía el arqueo final- y otro hombre a cargo de la seguridad.
Gómez Barbella consideró que los acusados deberán responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado porque las víctimas son más de tres, por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en concurso ideal con el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, también agravado. En el caso de “La Rubia”, como autora penalmente responsable, y en el del encargado y hombre de seguridad, en calidad de partícipe primario y secundario, respectivamente.
Rechazo de nulidades
Tras el pedido de elevación a juicio por parte de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, la defensora oficial de dos de los imputados planteó su nulidad. Al corrérsele vista de ambos planteos, Gómez Barbella consideró que el Juzgado Federal N°2 de la jurisdicción no debía hacerles lugar porque “no se observa en el presente caso vulneración alguna a ninguna garantía constitucional”, ya que siempre se les endilgaron “los mismos hechos sin haberse modificado en el dictamen de elevación a juicio”, más allá de la calificación legal escogida.
