Hoy, las farmacias de todo el país cerrarán sus puertas durante una hora como forma de protesta contra la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, establecido por el gobierno del Presidente Javier Milei. Esta medida ha generado un fuerte reclamo por parte de distintos sectores, incluyendo la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires.
El DNU introduce varios cambios en el expendio y la prescripción de medicamentos que afectan directamente al sector farmacéutico. Estos cambios incluyen la posibilidad de vender medicamentos de venta libre y especialidades farmacéuticas fuera de las farmacias, permitiendo que una persona no farmacéutica pueda dispensar un fármaco indicado en la receta, y exigiendo que en la receta solo se especifique el nombre genérico del medicamento y no la marca comercial. Además, esta medida reduce los controles sanitarios sobre los medicamentos al aumentar los puntos de venta fuera de las farmacias.
Como muestra de su disconformidad, las farmacias agrupadas en COFA han convocado a un paro de una hora que se llevará a cabo hoy de 12 a 13 en todo el territorio argentino. Además, COFA anunció que presentará un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de detener la implementación del DNU, alegando que esta medida pone en peligro la profesión farmacéutica y afecta negativamente la salud de los ciudadanos.
La presentación del recurso de amparo tendrá lugar hoy a las 13 frente al Palacio de Tribunales, y contará con la participación de distintas entidades, como CEPROFAR (Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos), que también se ha expresado en contra del DNU debido a los riesgos sanitarios que implica, la falta de profesionales farmacéuticos en las farmacias y el fomento a la automedicación, entre otras preocupaciones.
El sector farmacéutico argentino argumenta que el DNU va en contra de los objetivos sanitarios y de las prácticas recomendadas en países desarrollados. Aseguran que esta medida promueve la mercantilización de las farmacias y no considera los controles y regulaciones sanitarias necesarias para garantizar la calidad y seguridad en la dispensación de medicamentos. Se teme que esto resulte en aumentos de precios y dificultades de acceso para la población.
