La nueva estructura comenzará a aplicarse en febrero de 2027 y alcanzará a usuarios de distintos municipios bonaerenses. Morón, Lomas de Zamora y Vicente López figuran entre los distritos con mayores incrementos promedio, mientras que Florencio Varela y algunos sectores de La Matanza tendrían reducciones. El esquema contempla cinco categorías y un límite mensual para las subas.
El Gobierno nacional aprobó una modificación en el sistema de cálculo de las tarifas de agua y cloacas que administra Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida, formalizada mediante la Resolución 45/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), fue publicada en el Boletín Oficial el viernes 20 de noviembre y comenzará a implementarse el 1 de febrero de 2027.
La modificación introduce una nueva clasificación territorial que determinará qué valor se aplica al componente variable de las facturas, de acuerdo con las características socioeconómicas estimadas de cada zona. El cambio tendrá consecuencias diferentes en los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde algunos sectores experimentarán aumentos y otros recibirán reducciones.
El sistema reemplazará una clasificación que permanecía prácticamente sin modificaciones desde las décadas de 1960 y 1980. Para elaborar el nuevo esquema se utilizaron datos del Censo Nacional 2022 y estimaciones construidas a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares.
Cinco categorías para determinar el valor del servicio
Uno de los principales cambios será la reducción de los niveles de clasificación territorial, que pasarán de once categorías a cinco.
La nueva estructura contempla los siguientes coeficientes:
– Bajo: 0,75.
– Medio bajo: 1,25.
– Medio: 1,75.
– Medio alto: 2,25.
– Alto: 2,75.
La ubicación de cada propiedad determinará el coeficiente correspondiente. El mecanismo busca actualizar la distribución de los costos del servicio de acuerdo con las diferencias socioeconómicas entre las distintas áreas de la concesión.
De acuerdo con las proyecciones incorporadas a la resolución, alrededor del 59,6% de los usuarios residenciales tendría incrementos, mientras que aproximadamente el 20,4% recibiría reducciones y otro 20% mantendría valores similares.
Entre los hogares alcanzados por las subas, el incremento promedio estimado es del 22,6%. En cambio, para quienes obtengan una reducción, la disminución promedio proyectada es del 14,7%.
Qué sucederá en los municipios del conurbano
Las estimaciones presentadas por AySA permiten observar diferencias importantes entre los distritos bonaerenses. Los porcentajes representan variaciones medias estimadas de la facturación y no significan que todas las viviendas de un mismo municipio vayan a experimentar exactamente el mismo cambio.
Entre los partidos con mayores incrementos promedio aparecen:
– Morón: 26,7%.
– Lomas de Zamora: 22,5%.
– Vicente López: 19,7%.
– San Martín: 12,6%.
– Merlo: 11,4%.
– San Isidro: 10,6%.
– Moreno: 8,4%.
– Quilmes: 8,5%.
– Esteban Echeverría: 5,9%.
– San Fernando: 5,2%.
En otros distritos, las proyecciones muestran reducciones:
– Florencio Varela: 13,4% menos.
– La Matanza Oeste: 13,6% menos.
– Tigre: 0,1% menos.
En el caso de La Matanza, el informe contempla distintas subdivisiones territoriales: La Matanza Norte presenta una variación promedio del 13,2% en sentido ascendente, mientras que La Matanza Oeste registra una reducción del 13,6%. La subdivisión identificada como La Matanza Sur (Ezeiza) presenta un incremento del 8,9%.
Berazategui no aparece individualizado en el cuadro de variaciones municipales difundido con la resolución, por lo que no corresponde atribuirle un porcentaje específico con la información disponible.
Las subas tendrán un límite mensual
Para evitar que la modificación genere un impacto inmediato demasiado elevado en los hogares, el ERAS estableció un mecanismo de aplicación gradual.
Los incrementos derivados exclusivamente de la modificación de los coeficientes zonales no podrán superar el 1,5% mensual sobre el componente variable alcanzado por el cambio. Este límite es adicional a las actualizaciones tarifarias que continúan aplicándose por el mecanismo vigente.
En cambio, las reducciones que surjan de la nueva clasificación deberán trasladarse de manera inmediata a las facturas.
La decisión representa una modificación respecto del planteo inicial de AySA, que había propuesto un ritmo de actualización más acelerado. El organismo regulador consideró necesario establecer una transición más prolongada para evitar un impacto brusco sobre los usuarios.
También se conservará una bonificación del 15% para los usuarios residenciales y los inmuebles baldíos que queden comprendidos en los dos niveles inferiores de la nueva clasificación: bajo y medio bajo.
Qué pasará con quienes reciben la Tarifa Social
Otro aspecto contemplado en la resolución es la protección de los hogares que cuentan con el beneficio de la Tarifa Social.
El organismo dispuso que los usuarios incorporados al programa no sufran modificaciones en el importe final de sus facturas como consecuencia de la nueva estructura. Para ello se aplicará un descuento adicional que neutralizará el efecto de los cambios hasta la renovación o finalización del beneficio.
Además, quienes tengan la Tarifa Social vigente al 31 de diciembre de 2026 recibirán una prórroga excepcional de un año.
Según los datos incluidos en la normativa, al 30 de septiembre de 2026 había 118.415 beneficiarios en las distintas modalidades del programa, entre ellas Tarifa Social, Tarifa Comunitaria y Caso Social.
El documento también establece que los ingresos adicionales generados por la modificación deberán destinarse al financiamiento del programa de asistencia. Si quedaran excedentes, podrán utilizarse para ampliar las metas de inversión de la concesión.
Cuestionamientos y reclamos durante el proceso de revisión
La modificación también generó observaciones durante la instancia de participación pública previa a su aprobación.
Entre los planteos realizados por representantes de usuarios y defensores del consumidor aparecieron las dificultades que podrían enfrentar jubilados, inquilinos y familias con ingresos variables que viven en sectores reclasificados con coeficientes superiores.
Una de las advertencias fue que la ubicación geográfica de una vivienda no siempre refleja la capacidad económica real de quienes la habitan. También se planteó la necesidad de contar con mecanismos de revisión para aquellos casos en los que la nueva clasificación no represente adecuadamente la situación particular de los hogares.
Frente a estos reclamos, la resolución ordenó a AySA garantizar canales de atención presencial en las distintas regiones de la concesión, además de unidades móviles para recibir consultas, reclamos y solicitudes de incorporación a los programas de asistencia.
Cuándo comenzarán a verse los cambios1
La nueva estructura tarifaria entrará en vigencia el 1 de febrero de 2027. Antes de esa fecha, AySA deberá informar a los usuarios el coeficiente zonal asignado a cada inmueble, el cálculo de los importes y el cronograma de aplicación de los descuentos e incrementos.
De esta manera, millones de usuarios del conurbano bonaerense deberán prestar atención a la nueva clasificación, ya que el monto de sus próximas facturas dependerá no solamente de las actualizaciones generales del servicio, sino también de la categoría territorial en la que quede comprendida cada propiedad.


