La demolición de las antiguas instalaciones de Cuyo al 2900 reavivó el reclamo de residentes que buscan frenar los trabajos hasta que se esclarezca la situación ambiental del terreno. Denuncian la presencia de asbesto y metales pesados, y cuestionan el impacto que tendría el futuro complejo sobre la infraestructura del barrio. El Municipio sostiene que las demoliciones cuentan con autorización provincial.
La transformación de un antiguo predio industrial de Martínez en un importante desarrollo inmobiliario abrió un conflicto entre los vecinos y las autoridades de San Isidro. La preocupación se concentra en el terreno donde funcionaron la fábrica de tubos fluorescentes GTE Sylvania y posteriormente la empresa de indumentaria infantil Cheeky, ubicado sobre la calle Cuyo al 2900.
En ese lugar está proyectado Black Martínez, un emprendimiento que contempla la construcción de 309 viviendas, 70 oficinas, 15 locales comerciales y aproximadamente 770 cocheras distribuidas en dos subsuelos.
Sin embargo, el avance de los trabajos de demolición de las antiguas instalaciones profundizó las objeciones de los residentes, que advierten sobre posibles riesgos ambientales asociados con la actividad industrial que funcionó durante décadas en el inmueble.
El reclamo es impulsado por la Asamblea Vecinal Predio Cheeky, que ya presentó una oposición formal ante la Municipalidad de San Isidro, respaldada por 170 familias de la zona.
Qué encontraron en los estudios ambientales
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los resultados de los análisis de suelo incorporados a la documentación ambiental del emprendimiento.
Según los datos difundidos por los vecinos, en determinadas muestras se detectaron concentraciones de cadmio superiores a los valores de referencia para uso residencial. Una de ellas, tomada en el sector donde funcionaban los transformadores, registró 45,16 miligramos por kilogramo, frente a un parámetro de referencia de 5 miligramos.
También se informaron valores de mercurio por encima de los parámetros utilizados para la comparación en ese mismo relevamiento.
Los residentes relacionan estos antecedentes con la antigua actividad de GTE Sylvania, que fabricaba tubos fluorescentes mediante procesos industriales que utilizaban mercurio.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de que las futuras excavaciones para construir los dos subsuelos de estacionamiento remuevan sectores del terreno cuya condición ambiental todavía reclaman esclarecer.
Los resultados corresponden a muestras de sectores determinados y no permiten establecer, por sí solos, que toda la superficie del predio esté contaminada. Precisamente, los vecinos exigen ampliar los estudios para determinar la extensión y profundidad de cualquier posible afectación.
La denuncia por el retiro de materiales con asbesto
Otro de los puntos que encendió las alarmas está relacionado con la presencia de fibrocemento con asbesto en las antiguas instalaciones.
De acuerdo con la documentación técnica citada por la asamblea, se habrían identificado aproximadamente 18.300 kilos de materiales con asbesto en techos y cerramientos de las naves industriales.
El asbesto es un material peligroso cuya manipulación requiere procedimientos específicos, debido a que la liberación e inhalación de sus fibras puede provocar enfermedades graves.
Los vecinos sostienen que parte de las chapas de las estructuras fueron retiradas sin una comunicación previa a las familias que viven junto al predio. Por ese motivo, reclaman información sobre los procedimientos utilizados, las condiciones de seguridad durante el desmantelamiento y el destino final de los residuos.
También piden conocer qué organismos supervisan las tareas y qué controles se realizan para evitar que los trabajos puedan generar exposición a materiales peligrosos.
El reclamo de 170 familias y el pedido de intervención científica
La oposición al emprendimiento quedó formalizada mediante una presentación administrativa ante el Municipio, registrada bajo el expediente 351/2026, con el respaldo de 170 familias.
La asamblea solicita que se realicen nuevos estudios ambientales independientes y que intervengan organismos científicos como el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El objetivo es contar con un diagnóstico que permita determinar las condiciones reales del suelo antes de avanzar con las excavaciones previstas.
Los vecinos también cuestionan el impacto urbanístico del proyecto. Advierten que la incorporación de cientos de viviendas, oficinas y locales comerciales podría incrementar considerablemente el tránsito en una zona residencial de calles relativamente angostas.
A esto suman sus preocupaciones por la capacidad de las redes de agua corriente, cloacas y desagües pluviales para responder a la demanda que generaría el nuevo complejo.
Qué respondió el Municipio de San Isidro
Desde el Ejecutivo municipal explicaron que existen dos procedimientos administrativos diferentes: uno relacionado con la demolición de las antiguas instalaciones y otro correspondiente a la evaluación ambiental del futuro emprendimiento inmobiliario.
Según la posición oficial difundida por medios locales, las tareas de demolición cuentan con autorización y deben ajustarse a las condiciones establecidas por una resolución del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
En cambio, la evaluación ambiental de Black Martínez continúa su propio recorrido administrativo y todavía debe atravesar las instancias correspondientes.
El Municipio había publicado el 7 de octubre, mediante el Boletín Oficial N.º 1240, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental para la consulta de factibilidad de construcción.
La documentación incluye planos, informes de tránsito, relevamientos del arbolado y detalles de la urbanización proyectada.
La apertura de ese procedimiento no representa por sí misma una autorización definitiva para construir el complejo.
Los vecinos quieren que el predio tenga otro destino
Además de solicitar controles ambientales y la revisión de las condiciones de demolición, los integrantes de la asamblea plantearon que el terreno de aproximadamente tres hectáreas y media sea destinado a un espacio verde público.
La propuesta forma parte de un reclamo más amplio que cuestiona la transformación de un antiguo establecimiento industrial en un desarrollo inmobiliario de gran escala sin que, según los residentes, se hayan despejado previamente todas las dudas ambientales y urbanísticas.
Bajo la consigna «El barrio lo defendemos entre todos», la organización vecinal continúa difundiendo sus planteos y convocando a otros residentes a participar. La asamblea también mantiene presencia en redes sociales a través de su cuenta de Instagram, @asambleaprediocheeky.
El conflicto en Martínez pone nuevamente en discusión el destino de los antiguos predios industriales del conurbano bonaerense y la necesidad de garantizar controles ambientales antes de avanzar con proyectos que modifican profundamente el entorno urbano.
Mientras continúan las tareas sobre las instalaciones existentes, los vecinos esperan respuestas sobre los materiales retirados, los estudios del suelo y las garantías de seguridad para las viviendas linderas.


