La Policía Federal Argentina (PFA), detuvo durante operativos en distintos puntos del conurbano bonaerense, al líder y a tres integrantes de una temeraria organización guerrillera narcoterrorista denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera desde mediados de los ’90.
A la organización se la acusa de ingresar ilegalmente a la Argentina, niños nacidos en el monte paraguayo, otorgarles DNI argentino, en supuesta connivencia con funcionarios de organismos provinciales e integrantes de organizaciones del tercer sector, para ser educados aquí y luego llevarlos a Paraguay para entrenarlos como combatientes del EPP.
Durante los allanamientos realizados esta madrugada fue detenido en la localidad de Moreno, José M. V. Ayala, de 55 años, considerado el jefe logístico de la organización sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, en el marco de una causa por secuestro extorsivo que tramita en Paraguay.
También quedaron detenidas sus hermanas Miriam y María R. V. Ayala y su sobrina, Tania V. Ayala. En sus domicilios se hallaron 10 menores de edad y gran cantidad de bibliografía revolucionaria.
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización guerrillera de izquierda que opera en Paraguay desde 2008, aunque sus antecedentes se remontan a 1994 cuando actuaba como brazo armado clandestino de Patria Libre, un partido de guevarista fundado en 1990.
De acuerdo a la información que consolidaron los investigadores, el EPP se vinculaba con organizaciones como las Ex FARC, a partir de la relación con Gentil Duarte, del Primer Comando Capital (PCC), a quienes les brindaban logística para la distribución de cocaína y producción de marihuana en la localidad de Pedro Juan Caballero.
En Argentina, los abogados de la organización fueron cercanos a Montoneros, a través de Eduardo “Negro” Soares, y el recientemente fallecido Roberto Perdía, quienes asumieron la defensa del separatista Joanes Huala, miembro de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y del MOVADEF (integrado por ex miembros del Sendero Luminoso de Perú).
Al grupo terrorista, se le atribuyen una serie de hechos de sangre en Paraguay desde 2004 como el secuestro y asesinato de políticos y empresarios y ataques armados a edificios públicos.
En enero de este año el EPP salió a la luz, exigiendo al gobierno paraguayo información sobre una menor desaparecida, conocida como Lichita y sería el autor de un atentado con explosivos ocurrido el 13 de febrero en el noreste de Paraguay en el que murieron tres personas.
Según los análisis de los investigadores, el EPP estaría incrementando su actividad con una nueva generación integrada por personas reclutadas en pueblos originarios y por sus propios hijos. Es parte de una tradición familiar: los ocho hijos e hijas de Mariana de Jesús Ayala y José Villalba (padre), forman o han formado parte activa del EPP desde hace décadas.
Las coordinaciones entre las autoridades argentinas y paraguayas comenzaron a principios de febrero de este año, cuando llegó al país una delegación de funcionarios judiciales y policiales quienes hicieron conocer a las autoridades de Argentina detalles
respecto de cómo la organización estructuraba el adoctrinamiento de los
jóvenes que conforman la banda paramilitar. “Se nos heló la sangre”, comentó un investigador local.
Puntualmente contaron que la célula que se encargaba de la capacitación intelectual de los futuros integrantes de la guerrilla, estaba radicada en Argentina. A través de una minuciosa investigación en el país vecino, se pudo determinar que muchos hijos de los “soldaditos” menores de edad que conforman el EPP, serían trasladados a la Argentina, registrados como ciudadanos argentinos y para cuando alcanzaron la post adolescencia regresen a Paraguay a lo que denominan “campamentos” para que allí otra célula se encargue del adiestramiento militar.
Los funcionarios paraguayos dieron a conocer que este grupo se financia con secuestros, extorsiones, expropiaciones e inclusive un impuesto que denominan “impuesto revolucionario” que les cobran a los campesinos para no ser secuestrados.
El 10 de abril, el Estado Paraguayo presentó ante la Cancillería argentina un pedido de detención preventiva y allanamiento de las viviendas donde residen los guerrilleros para que se secuestren elementos que puedan servir como indicio en la causa que se instruye en Paraguay, tales como videos, fotografías, cartas, bibliografía revolucionaria.
La solicitud internacional recayó en el Juzgado Federal Nro. 11 a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 21, a cargo de Carolina Florez Arnaiz, quien mediante oficio de estilo dispuso se ejecuten las medidas requeridas.
Cabe destacar que este exitoso operativo es el resultado del profesionalismo y la coordinación mancomunada entre los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina y Paraguay, de la Justicia, la PFA y Policía Nacional de Paraguay.
Se les ordenó la libertad, pero no se rechazará la extradición. Es por ello que se concurrirá a la CONARE (Consejo Nacional de Refugiados) de la Argentina para explicar que no son perseguidos politicos, sino delincuentes comunes procesados por la ley.
El Gobierno Nacional y la justicia argentina se comprometen a cumplir con la alerta roja de Interpol. A los detenidos no les corresponde el refugio ni el asilo político ya que no son perseguidos politicos, los mismos son culpables por atentados en su país.
