Este trabajo, que recogió desde su inicio en 2000 más de 13 mil casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes recibidos por las defensorías públicas, puso la lupa sobre hechos sufridos por menores, mujeres y diferentes episodios que agravaron las situaciones de detención en unidades penales o comisarías bonaerenses, como las condiciones de aislamiento o la falta de atención médica.
“Nos parece que es importante tener una mirada como la que da el registro. Es una manera de tener información pública y no pública para luego generar políticas que sirvan para modificar estas prácticas”, indicó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.Además, Lorenzino reconoció el impulso y el seguimiento a este registro que realizó Mario Coriolano, quien estuvo al frente de la Defensoría de Casación Penal hasta su fallecimiento en marzo de 2021, y destacó “su militancia, su honestidad y compromiso”.
Qué dice el informe
El registro que elabora periódicamente la Defensoría de Casación Penal puso el acento, entre distintos aspectos, en la situación sufrida por los y las menores. Se relevaron los casos de 86 niños, niñas y adolescentes que relataron haber sido víctimas de torturas y tratos inhumanos por parte de funcionarios estatales, de los cuales en el 63% de los casos la víctima solicitó a la defensa que no realice la denuncia penal por miedo a represalias.
Entre los diferentes episodios que registra el trabajo figuran casos de golpes, lesiones, abusos de poder y sexuales, simulacros de fusilamientos y amenazas por parte de las fuerzas policiales. Además, alertó que 46 de estas denuncias tienen que ver con hechos ocurridos durante la estadía en comisarías, lo que muestra que continúa el incumplimiento de la prohibición de alojar niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la Provincia.
Las mujeres torturadas también fueron objeto de análisis en este informe. Además de los episodios de violencia, en estos casos quedó de manifiesto las graves condiciones de hacinamiento que sufrieron, la ingesta de alimentos en mal estado y la falta de atención médica en sus lugares de detención.
A su vez, el informe recoge el caso de lo sucedido en la Comisaría Noroeste Tercera de La Tablada, cuando nueve agentes policiales fueron condenado con prisión preventiva por el Juzgado de Garantías n° 1 de La Matanza, por ser responsables de los delitos de severidades, vejaciones, abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial y vejaciones agravadas.
Al analizar en detalle las modalidades de la tortura y los tratos inhumanos, el informe destacó los ejecutados con golpes de puño y patadas, los hechos por golpes con objetos como palos y armas de fuego, los realizados por sofocación, los casos de quemaduras y mediante aislamiento.
El silencio ante las torturas
El informe también observó cómo se denunciaron estos casos. En ese sentido, desde la creación del registro, el 47% se comunicaron al Ministerio Público Fiscal o al órgano jurisdiccional, mientras que el 52% fueron denunciados a la Defensa Pública en modo confidencial.
Al igual que lo observado en otros informes, se ve una tendencia ya que las víctimas del 60% de los casos en los que personal policial estaría involucrado prefirieron no denunciar formalmente lo padecido. En el caso de las víctimas alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, el índice de confidencialidad de las denuncias es del 23%.
Otras formas de tortura
El registro enumeró otros elementos que complejizan este escenario. Por ejemplo, el agravamiento de las condiciones de detención: en este período, se relevaron 86 casos en los que las víctimas señalaron distintas vulneraciones como una ausente o deficiente atención médica, y las condiciones materiales de detención, que muestra el alto grado de deterioro e insalubridad de las instalaciones destinadas al alojamiento de personas privadas de su libertad.
También mostró la obstaculización al ejercicio de la defensa, que se vio ante la situación de sobrepoblación y pérdida de contacto con vínculos afectivos que sufrieron las personas privadas de su libertad como consecuencia de las medidas dispuestas en el marco del ASPO-DISPO, lo que obligó el contacto con la defensa por teleconferencia, que no garantiza la privacidad y, por tanto, la confidencialidad.
Por último, el informe analizó las causas armadas o las pruebas falsas, donde registró casos en los que se denuncia que agentes de la Policía o del Servicio Penitenciario Bonaerense fraguaron los elementos de prueba a partir de los que se imputó a una persona un delito o un hecho por el que se aplicó una sanción disciplinaria.
