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Politica

Gremios de docentes bonaerenses celebran «el fin del atropello de los sumarios de Vidal»

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El Gobierno de María Eugenia Vidal abrió entre 2017 y 2018 más de 600 sumarios administrativos contra docentes que adoptaron medidas de fuerza, hasta que esta semana el actual mandatario, Axel Kicillof, estableció la anulación de esos trámites, «lo que vino a saldar el atropello cometido», celebraron los sindicatos del sector.

La Resolución 1175 de la Dirección General de Cultura y Educación, con las firmas de la ministra Agustina Vila y de la subsecretaria Claudia Bracchi, dejó sin efectos los sumarios el jueves pasado pero las consecuencias emocionales persisten en los testimonios recogidos por Télam de los maestros afectados.

Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dijo que «la gestión anterior les inició sumarios a docentes que ejercían el legítimo derecho a la protesta» y que la resolución de la actual gestión «saldó ese atropello».

Del mismo modo se pronunció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, quien analizó que de esta forma se puso «fin a las prácticas extorsivas sufridas durante la gestión anterior y se reivindicó la lucha en defensa de la educación pública».

De manera similar opinó el secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Ángel Díaz, quien calificó como «un hecho de justicia la eliminación de los sumarios a docentes por los paros. Vidal y su secuaz (el ex director del área educativa Gabriel) Sánchez Zinny perseguían a los compañeros y a las compañeras así como a las organizaciones sindicales».

En enero de este año el Gobierno bonaerense había resuelto devolver a los docentes el dinero que Vidal les había descontado por los días de huelga, cuando los maestros de la provincia paralizaron sus protestas en adhesión y solidaridad con la lucha de sus colegas de Chubut.

Dos meses más tarde, en marzo, en una de las primeras reuniones paritarias, las autoridades educativas del Gobierno de Kicillof acordaron levantar los sumarios administrativos que habían surgido en un contexto donde se había avanzado con el cierre de las escuelas rurales y del Delta y del bachillerato para adultos.

A eso se sumó, en agosto de 2018, la muerte de dos trabajadores de la escuela primaria 49 del partido de Moreno, la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, a causa de la explosión de una estufa averiada que tenía pérdidas de gas y no había sido reparada.

Hoy, bajo la conducción de otro gobierno, los maestros sumariados contaron a Télam los alcances de este «amedrentamiento que pasado el dolor de la injusticia se trastocó en mayor lucha», según definieron.

Ariel Rodríguez, director de una escuela de Olavarría, contó que cuando se enteró del sumario «en noviembre del 2018 me sentí muy mal porque ponía en duda la veracidad de mi desempeño y la ética y la moral que siempre intentamos construir desde la escuela pública. El sumario me acusaba de no haber desempeñado las funciones como director y no haber abierto la escuela en el contexto de luchas, precisamente por haberme adherido al paro los días 5 y 6 de marzo del 2018».

«Yo cometí el error de no cargarlo correctamente en el contralor, pero inmediatamente al otro día informé del error», dijo.

«En julio nos citaron junto a un montón de compañeros para pedirnos explicaciones y se las dimos. Me fui tranquilo. Nunca pensé que luego iban a notificarnos de un sumario», sostuvo.

Agregó que «para nosotros el golpe es duro sobre todo en las ciudades chicas» contó en su carácter de vocal suplente del Suteba en la ciudad de Olavarría.

Rodríguez se organizó entonces «con el sindicato para entender esta situación que si bien ya veníamos con antecedentes de otros compañeros, nos tocaba más de cerca. Nos pusimos a trabajar de manera organizada y orgánica y dado que la acusación no tenía fundamentos, porque fue la excusa para amedrentar y generar miedo, entendimos que teníamos que agudizar nuestros actos, viendo además que se estaba usando el aparato estatal, comunicacional y hasta judicial para que no hiciéramos visible el conflicto docente», dijo.

«Hoy todo eso cambió», remarcó aliviado y compartió una carta enviada a sus compañeros al enterarse de la anulación de los sumarios donde destaca que en tiempos de pandemia «ante la imposibilidad del abrazo recibí la noticia de que las insostenibles acusaciones elevadas a sumario han quedado sin efecto» y celebra «la lucha organizada de los trabajadores».

Sandra Kennedy, hace un año, se jubiló justamente por haber sido sumariada: «Muchos hemos trabajado en forma honesta, poniendo el cuerpo en la escuela pública. Esos sumarios injustos fueron para perseguirnos y tratar de asustarnos, fueron para cerrar la escuela, basados en errores humanos administrativos que siempre hay, algo totalmente bajo», dijo.

«Fue uno de los motivos por los cuales decidí jubilarme antes de lo que tenía previsto, después de trabajar con mucho amor durante 35 años. Soy profesora de Educación Física y fui vicedirectora de la escuela secundaria 32 y directora de la escuela 361».

«Me gustaba mucho lo que hacía, pero me agotaron y el sumario fue lo que rebasó el vaso», dijo, tras admitir que «ahora estoy muy feliz con el fin de esta injusticia».

Miguel Pallarolds, director titular de escuela secundaria de Lomas de Zamora, contó que fue notificado del sumario «a mediados del 2018».

«Me imputaron irregularidades a la hora de confeccionar una planilla, algo falso, y se hizo sin que ningún nivel de verificación pasara por la escuela a ver si había sido así».

La diputada nacional Romina del Plá, secretaria general del Suteba La Matanza, sintetizó con que «durante la gestión de Vidal y Sánchez Zinny la persecución a docentes mediante sumarios administrativos fue un método habitual para disciplinar a la docencia».

 

 

Telam

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San Martín: Desde la Comuna y la Nación entregaron kits de prevención contra la Bronquiolitis

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En el marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias, el el jefe comunal de San Martín Fernando, recibió al secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Centro de Cuidado Infantil “Abuela Delia Giovanola”, las familias del barrio participaron de una capacitación y recibieron kits de prevención contra la Bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias en la primera infancia, que incluyen elementos de higiene, limpieza y desinfección.

El Centro Delia Giovanola, construido con fondos municipales, brinda atención integral a niños y niñas de 1 a 3 años de los barrios 9 de Julio y Villa Lanzone. Además, forma parte del Parque Escuela “Carlos Mugica”, que también incluye un Centro Juvenil, la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM y un nuevo playón polideportivo.

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Politica

«Los vamos a volver a meter presos»

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Por Diego Kravetz

 

Desde mediados de marzo, más de 2 mil delincuentes que deberían estar presos caminan libres por la provincia de Buenos Aires. Caminan o reinciden, con total libertad. Más libres que vos, que tenés que autoaislarte. Que tal vez ni siquiera pudiste salir a trabajar. O que perdiste el trabajo, justamente, por no poder salir de tu casa. La impunidad está a la orden del día.

Sin embargo, las liberaciones no empezaron con la pandemia. En diciembre pasado, el debate sobre el hacinamiento en las cárceles derivó en una serie de señales de la Justicia bonaerense a favor de la “descompresión”, con la consecuente suelta masiva de presos. Primer error.
En un país en el que la tasa de reincidencia ronda el 70 por ciento, soltar sin ningún control bandas enteras con colecciones de causas penales es una imprudencia que puede costar decenas de vidas. Que va a costar decenas de vidas.

No es casual que uno de los asaltantes que golpeó al jubilado quilmeño Jorge Ríos hubiera sido beneficiado algún tiempo antes con la “libertad asistida”. ¿Asistida por quién? ¿Quién era el responsable de su seguimiento? ¿Le hacían un seguimiento? El final se cuenta solo.

Distinto hubiera sido con la previsión de un control real, de la que participaran los municipios y la Provincia, que diseñara un plan que redundara en oportunidades para el que estaba detenido y también para la sociedad. Incluso una parte de la Justicia hubiera tenido la chance de no quedar tan mal.

Claro que ni todos los casos son iguales, ni todos los jueces son lo mismo. Hay funcionarios ejemplares en el Poder Judicial que comprenden la dimensión y lo delicado del momento, la vulnerabilidad del ciudadano de a pie y la responsabilidad que tienen sobre la seguridad física de las personas.

Entre unos y otros, nuestra obligación es poner en el centro el cuidado de las familias. De todas las que trabajan y los que trabajan. De todos aquellos cuya prioridad es vivir en paz. Terminar con los narcos, los motochorros y los que hacen del terror un estilo de vida.
Por eso, en Lanús tenemos claro qué vamos a hacer con los delincuentes: los vamos a volver a meter presos. Una vez, dos veces y todas las que hagan falta. No nos van a ganar la calle.

A lo largo de los últimos años, trabajamos las 24 horas del día y sin descanso en la seguridad de nuestros vecinos, con una agresiva planificación local y una coordinación eficiente con las fuerzas federales. Derribamos búnkers narcos en cada rincón de Lanús, pero además se los copamos, para que no pudieran volver nunca más. Desarticulamos grupos peligrosísimos que operaban en el municipio hace décadas.
A su vez, introdujimos cambios desde la tecnología y tuvimos un fuerte respaldo político para innovar con pequeños planes de todos los días. Por ejemplo, desde 2018 funciona la línea 132, para recibir custodia policial en la vuelta a casa y evitar entraderas.

Esa constancia, en la que jugó un papel clave nuestro Centro Unificado de Comando y Control, se tradujo en una baja dramática del delito y fue reconocido ampliamente por los votantes en las elecciones de octubre. Hubo menos asesinatos, menos robos y menos violencia, en general. Hasta hoy.

En este momento, con presos libres e índices de violencia en aumento, estamos multiplicando los esfuerzos para estar más cerca de la gente, aprovechando al máximo los recursos para marcar una fuerte presencia en el territorio.
Buscamos, desde ya, sumar coincidencias con nuestros vecinos, con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Por encima de cualquier debate ideológico, hay que prevenir y reprimir el delito, investigar rápido y profesionalmente. En eso tenemos que estar todos de acuerdo.

Sin dudas, se viene un tiempo difícil y estamos preparados para dar la pelea y enfrentarlo. Lo que no tenemos es miedo, porque los que tienen que tener miedo son los delincuentes. Si creen que pueden caminar tranquilos por Lanús, les repito, les tengo una noticia: los vamos a volver a meter presos. No importa cuándo lean esto.

 
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Politica

Almirante Brown: Tras hechos delictivos protagonizados por motochorros prohíben que se lleve a los acompañantes en moto

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El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó ayer el Decreto N° 860/20 adhiriendo a la Resolución N° 30/20 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, que prohíbe el traslado de acompañantes en los motovehículos, ciclomotores y bicicletas que circulen en el distrito, tras el homicidio del repartidor de Mercado Libre  Fernando Marino y el violento asalto perpetrado por motochorros a un padre y su hijo, con simulacro de fusilamiento incluido, en Adrogué.

 

«Esta medidas es, en principio, es de tipo sanitaria ya que busca prevenir nuevos contagios de Coronavirus ya que la circulación de a dos en moto o en bicicleta constituye un evidente foco de transmisión. Pero además permitirá prevenir el delito continuando con la profundización de los controles que ya están en marcha por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.. Así se concensuó con la Policía Bonaerense que es quien va a poner en práctica la nueva normativa, a partir de los estriuctos controles que se vienen realizando» destacaron fuentes comunales.

 

Desde la Comuna consideraron que «ayudará en la prevención del delito de los motochorros considerando el aumento de los casos de inseguridad en todo el AMBA». El Municipío anticipó que se articulará con el Ministerio de Seguridad bonaerense y las autoridades competentes como se extenderá esta medida.

 

Se consignó que el mencionado Decreto N° 860/20 se rubricó ad referendum del Concejo Deliberante browniano.

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