Intendentes del conurbano bonaerense dijeron hoy que la decisión presidencial de modificar la Ley de Defensa de la competencia para designarlos «autoridad de aplicación» en el control de precios les da «herramientas legales» para poder realizar clausuras y prometieron «redoblar los esfuerzos» para cumplir esa tarea.
«Vamos a redoblar esfuerzos desde los municipios para defender a los vecinos en caso de conductas abusivas por parte de los comerciantes», dijo a Télam el intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, tras conocerse la decisión presidencial.
«Desde que el Presidente anunció el programa ‘Precios Cuidados’ los municipios hacemos controles de precio y de stock en góndolas para que los productos estén», detalló Gray mientras encabezaba hoy esas inspecciones en comercios de su distrito.
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, le dijo a esta agencia que «es una muy buena decisión del Presidente, una medida más para cuidar a los argentinos y argentinas siguiendo la línea de evitar los abusos y avivadas».
«Sumaremos esta herramienta con mucho compromiso y responsabilidad porque nuestros vecinos necesitan de este Estado presente que en los tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal- se organiza para cuidar la salud de la gente y también su bolsillo», remarcó Zabaleta durante una recorrida por centros de cobro de jubilados.
En tanto, el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, explicó que «los intendentes estamos trabajando con tres ejes centrales: prepararnos para las necesidades de salud y atender a la gente; garantizar la alimentación de todos aquellos que no pueden acceder hoy a alimentos y limitar la circulación para evitar el contagio.»
En ese marco, «uno de los ejes de trabajo es limitar las avivadas y las picardías de los comerciantes o los distribuidores de alimentos, que muchas veces son más pícaros que los comerciantes», señaló a Télam.
«Este DNU nos otorga herramientas para trabajar esa línea, para que los comerciantes no tengan la excusa de decir que no estamos habilitados para poder controlarlos, nos da un marco de legalidad», remarcó el intendente de Vicente López.
En el mismo sentido se manifestó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien afirmó que «este es un momento que requiere de la mayor responsabilidad y solidaridad por parte de todos y aquellos que no entiendan, que busquen aprovecharse aumentando los precios en forma injustificada, serán sancionados».
«Venimos supervisando y controlando los precios en muchos comercios del distrito, esto nos permitirá hacer una defensa más fuerte de los consumidores», amplió.
El mandatario de Merlo, Gustavo Menéndez, señaló que «me parece una decisión muy acertada, somos quienes estamos en el territorio contando con las estructura material y de recursos humanos adecuada para hacer cumplir el listado de precios máximos».
La discusión sobre la potestad que tienen los municipios para ejercer el poder de policía tomó notoriedad pública tras la clausura que el municipio de La Matanza, que conduce Fernando Espinoza, aplicó a la sucursal del supermercado Coto en Ramos Mejía.
El empresario judicializó la decisión comunal y el municipio explicó que la clausura se dio «por cuestiones de higiene y bromatológicas».
«En estos momentos de emergencia sanitaria nacional producto de la pandemia del coronavirus el municipio no tiene intereses específicos en cerrar un supermercados, Pero tiene que velar por los intereses, el beneficio y la salud de todos los matanceros», informaron fuentes de esa comuna.
Cuando anunció la decisión de firmar un DNU que modificará la Ley de Defensa de la Competencia declarando a los municipios autoridad de aplicación, el Presidente señaló que así «vamos a lograr que los intendentes puedan sancionar directamente esos lugares» que incumplen con la norma.
Telam
