A partir de un trabajo en conjunto entre la Defensoría, organismos de Derechos Humanos y la Defensoría de Casación, la Suprema Corte de la Provincia requirió a todos los juzgados en donde tramitan las causas de las mujeres detenidas con hijos en la Unidad Carcelaria N°33 de Los Hornos, que informen la situación de cada una de ellas y si se tomaron medidas alternativas para que no permanezcan en prisión.
La intervención de la Defensoría surgió como consecuencia de la grave situación de la vulnerabilidad en la que se encuentras las madres y sus hijos en situación de detención, fundamentalmente en lo que respecta al derecho a la alimentación.
Actualmente en la Unidad N°33 se encuentran detenidas 72 mujeres (43 madres y 29 embarazadas) con un total de 49 niños y niñas. El 81% de ellas, además, tiene hijos fuera de la cárcel, lo que provoca un deterioro en el desarrollo y el ejercicio de los derechos de los 160 niños y niñas que se encuentran en esta situación.
Por este tema se conformó una mesa de trabajo en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, de la que participaron la Defensoría del Pueblo y la de Casación, la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones sociales.
La Suprema Corte también dispuso que los comités de seguimientos departamentales tengan conocimiento de esta mesa, que intenta no sólo la aplicación de la Ley de Ejecución Penal provincial sino también generar dispositivos que intenten palear la grave crisis humanitaria que registran las cárceles bonaerenses.
Al respecto de este pedido, el Defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino, indicó que «es necesario que se tomen medidas urgentes para garantizar los derechos de las madres y de sus hijos» y recordó que el organismo a su cargo ha presentado, en noviembre del año pasado, un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, luego de que se constataran numerosos casos en los que se separó a las madres detenidas de sus hijos menores de 4 años.
«Esta es una de las principales vulneraciones de derechos que vivimos hoy en la Provincia y requiere del trabajo coordinado del Estado para que se resuelva con alternativas que eviten el q encarcelamiento de las mujeres y protejan sus derechos y los de sus hijos», explicó el Defensor.
