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Buenos Aires

La Defensoría analiza ir a la Justicia por los aumentos desproporcionados de los planes de ahorro

Ante las quejas de los usuarios por los fuertes aumentos de los planes de ahorro para la compra de autos 0 KM, la Defensoría del Pueblo bonaerense irá a la Justicia al entender que las automotrices llevaron adelante diferentes maniobras que violarían la Ley de Defensa al Consumidor.

“Recibimos casos en que las cuotas que aumentaron un 300% en un año y que representan hasta la mitad del salario de quien tiene en un plan de ahorro. Es una situación desesperante que se agrava mes a mes, por lo que es necesario encontrar alguna solución a este drama”, aseguró el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En primer lugar, el organismo considera que el comportamiento de las concesionarias viola el artículo 42 de la Constitución nacional, que protege de manera expresa los intereses económicos de los consumidores.

A su vez, la Defensoría puso en foco en una serie de prácticas abusivas que llevaron adelante las empresas para definir el incremento del monto final de las cuotas, que generaron una alteración de las condiciones que los consumidores tuvieron en cuenta al momento de contratar el plan y que hoy las torna prácticamente imposibles de pagar.

Además, el organismo considera que existe una “distorsión discriminatoria» entre los precios de lista que pagan los ahorristas frente a los precios con bonificaciones que día a día se promocionan en las concesionarias, ya que aquellos modelos bonificados no son los mismos que se comercializan a través de los planes de ahorro.

“Un mecanismo que se creó para aumentar las ventas resulta hoy una trampa para los consumidores, ya que no pueden afrontar los aumentos de las cuotas. El ahorrista se encuentra desprotegido y sin poder hacer nada para cambiar esta situación, por lo que resulta necesario que se modifique este esquema que se parece más a una estafa legal que a un plan de ahorro”, sostuvo Lorenzino.

Para apoyar su intervención, la Defensoría envió pedidos de informes a la Inspección General de Justicia de la Nación, a la Dirección Provincial de Comercio y a las empresas que administran los planes de ahorro de todas las automotrices, con el objetivo de recabar toda la información necesaria, además de la intervención de las autoridades competentes ante las situaciones denunciadas.

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