Roberto Baradel cuestionó en duros términos al gobierno de María Eugenia Vidal por la decisión de imponer una multa millonaria al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) por incumplir la conciliación obligatoria y llevar adelante un paro de 28 horas. «Es un apriete, una extorsión. Esto lo hacen las dictaduras y gobiernos autoritarios», denunció el titular del gremio.
El dirigente sostuvo que no desacataron la conciliación al sumarse a la huelga nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) en seis provincias. Fue después de que el gobierno de Buenos Aires informara que multará al sindicato con una sanción prevista por ley en el régimen de sanciones laborales que podría alcanzar los $700 millones.
«Nos quieren amordazar, que no salgamos a reclamar, que no pongamos blanco sobre negro la situación en la provincia. Quieren llevar adelante un ajuste que intenta bajarnos el salario», agregó Baradel en una entrevista con Radio Cooperativa. Y aseguró que la adhesión al paro fue del 80% y que las autoridades “no quieren dar una respuesta”.
Por su parte, el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, cuestionó en conversación con radio Mitre que todos los gremios acataron la conciliación obligatoria menos SUTEBA, que junto con Ctera declaró el paro en algunas provincias, entre ella Buenos Aires. Al explicar que trabajan en la sanción, el funcionario recordó que en lo que va del año los sindicatos pararon doce días y que la Provincia el miércoles adelantó el pago del sueldo con un 15% de aumento, pero igualmente los gremios volvieron a disponer una medida de fuerza.
La conciliación obligatoria dictada por el gobierno bonaerense la semana pasada exigió a los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que se reiniciara el ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno. La medida ordena «garantizar el normal y habitual desenvolvimiento, por el término de 15 días hábiles», en pleno conflicto con los docentes, luego de las 18 reuniones que hubo entre las partes desde noviembre de 2017, con ocho propuestas de la Provincia que fueron rechazadas por los sindicatos.
El incumplimiento a la conciliación obligatoria se traduce en sanciones de entre 50% y el 2.000% del salario mínimo, vital y móvil de cada trabajador afiliado. Una vez determinado este porcentaje se multiplica por la cantidad de empleados enrolados en el gremio, que en este caso es de 70 mil docentes.
El pasado 23 de julio la Provincia les ofreció una mejora del 16,7% a los docentes y una nueva convocatoria para el próximo mes. Los sindicalistas rechazaron la propuesta, ya que exigen un 30% de suba salarial con cláusula gatillo, o sea, actualización salarial automática si la inflación supera la suba dispuesta por el gobierno.
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