«Estos hechos violentan el estado de derecho y ponen en riesgo nuestras Instituciones», expresó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, y agregó que «desde el primer día manifestamos nuestra preocupación por la superpoblación de las cárceles bonaerenses y pusimos a disposición los informes de cada unidad penitenciaria de la Provincia».
En esa línea, Lorenzino manifestó que «todos los poderes del Estado y personas públicas debemos hacernos cargo de esta situación y encontrar una solución. No podemos permitir que los delincuentes ataquen nuestras instituciones más allá de la situación en la que se encuentren».
En ese marco, la Defensoría convocó a una mesa de diálogo a los distintos poderes estatales, con diferentes responsabilidades en esta materia, con el objetivo de mejorar la situación de las personas alojadas en cárceles y comisarías, y trabajar para alcanzar los estándares vinculados a los derechos de todas las personas.