La causa caratulada como “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública” alcanza a varios profesionales que trabajaron en la dirección del Hospital Posadas.
Son doce personas, entre ellas esta Cecilia Natalia Gatta Castel actual contadora del gobierno municipal de Moreno.
La investigación comenzó en febrero de 2016 a raíz del hallazgo de una silla de ruedas dentro de un resonador magnético. Tras el descubrimiento, se fueron sumando varias denuncias relacionadas con las compras irregulares de medicamentos y recursos con Fondos Rotatorios, siendo el uso de éstos exclusivo para emergencias, y la contratación de personal integrado por 1500 personas personas sin designacion de área, departamento e incluso algunas nunca habrían prestado servicios en el Hospital y sin cumplimentar los requisitos necesarios.
Señala que “se encuentra acreditado en autos, en los términos del art. 306 del C.P.P.N, que Domingo Martín Latorraca– Director Nacional Ejecutivo Interventor del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Lorenzo Manuel Donohoe –Director General de Administración Financiera, Cecilia Natalia Gatta Castel – Directora de Administración Financiera, y Andrés Rene Rodríguez – Director General de Recursos Humanos, perjudicaron los intereses confiados al violar sus deberes de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado Nacional. Que en función de las atribuciones otorgadas por un acto de autoridad, se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros. (…) La maniobra defraudatoria antes señalada, se basó en dos grandes ejes: la utilización de Fondos Rotatorios como método de pago habitual para la compra de insumos del hospital y la incorporación indiscriminada de personal a la planta del nosocomio”.
También explica que la utilización de Fondos Rotatorios deja sin efectos las licitaciones correspondientes, de esta forma se procede a la compra directa de recursos en casos excepcionales o de urgencia. Para la utilización de los mismos hay un monto permitido que en este caso es de $ 300.000, pero el mismo fue superado en varios casos por amplia diferencia. En la causa está escrito: “A modo de ejemplo se pueden mencionar las operaciones individualizadas con el número de registro 9706 y 12367, por un monto de $6.206.336 y $ 7.547.487,74respectivamente, entre otras.
Asimismo, está comprobado en el expediente que mediante dicha modalidad se pagaron sobreprecios. Al respecto, se analizaron un total de 60 casos, determinándose un perjuicio a las arcas del hospital en por lo menos $2.950.851,05. En efecto, se advirtió que en tales compras se pagó el precio de venta al público y, en algunas ocasiones, por encima de dicho valor. También se acreditó que se utilizaron los Fondos Rotatorios para realizar contrataciones ajenas a la finalidad del hospital, sin que exista una partida presupuestaria destinada a tal fin. Ello ocurrió al pagarse mediante dicha modalidad los gastos ocasionados como consecuencia del acto llevado a cabo el 25 de noviembre de 2015, por un monto total de $21.800”.
En cuanto a la contratación de personal la investigación determinó que durante el segundo semestre del año 2015 “ingresaron 1050 personas en dicho período, y que 669 de las mismas fueron nombradas entre los meses de noviembre y diciembre, cabe decir que la mayoría de los ingresantes no realizaron los trámites necesarios habituales para tal fin, ya que no existía la solicitud de algún departamento del hospital y, a veces, el ingresante no cumplía con los requisitos para tal fin –ausencia de título secundario y de antigüedad en la matrícula, extranjeros sin carta de ciudadanía, etc.. Todo ello provocó un perjuicio patrimonial al Estado Nacional de $ 53.564.171aproximadamente, si se considera que 604 agentes incorporados durante dicho período no renovaron sus contratos por las irregularidades verificada”.
De las personas contratadas en aquel momento, 446 continúan en actividad y aún sigue habiendo irregularidades, ya que, según consta en la causa penal se realizó un informe de la situación de este personal y se observó que 3 tenían antecedentes penales; 68 no poseían título nivel secundario, 92 no reunían la antigüedad y experiencia para la cobertura del cargo y en 96 casos no existía la necesidad fundada del jefe del servicio.
La actual Contadora del gobierno de Walter Festa, ante esta acusación presentó un escrito al igual que dos de sus compañeros y no contestó preguntas del Tribunal.
Dividió su descargo en tres partes en las cuales indicó que las compras efectuadas por fondos rotatorios constituyen una herramienta válida de gestión administrativa y financiera y que en ese momento, era el único modo posible de asegurar el funcionamiento de los distintos servicios.
A su vez dijo “que las compras realizadas por fondos rotatorios se efectuaron a precios muy inferiores, que los adquiridos por contrataciones directas en el período previo a la intervención. Que ante la falta de presupuesto, la intervención trabajó para regularizar la situación, para mejorar los precios y los procedimientos de compras y puso en marcha numerosas licitaciones. Que de las mil contrataciones, sólo se superó el monto de $ 300.000 en cinco casos, por un valor insignificante. Que la intervención montó una oficina de control de precios de medicamentos e insumos. Que las licitaciones estaban mal parentizadas, por lo que no podían seguir su trámite».
«En relación a los gastos del acto llevado a cabo el 25 de noviembre de 2015, refirió que se trató de un evento de inauguración de dos sectores del hospital–sala pediátrica y hall central y la entrega de legajos de empleados detenidos desaparecidos, como parte de una política de reparación histórica. Que se trató de un evento protocolar, no partidario. Que los gastos protocolares se encuentran autorizados, siempre que se encuentren vinculados a la gestión. Que el problema de este caso, y de esta imputación es la presencia de la Presidente de la Nación, no las partidas presupuestarias, la modalidad de compra o el chofer del micro. Por último, cerró su defensa señalando que no tenía, ni tuvo intervención en relación la contratación de personal para el hospital y a modo de colofón, enfatizó que ninguna de las acciones llevadas adelante por la intervención implicaron un perjuicio al patrimonio del hospital” añadió la funcionaria.
El juez de la causa expresa que los acusados “deberán responder, en principio, como coautores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública (artículos 45 y174, inciso 5° en función del artículo 173, inciso 7°, del Código Penal”
A su vez ordena el procesamiento de Cecilia Natalia Gatta Castel por lo antes mencionado, pero manteniendo su libertad provisoria, y manda a embargar sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000.000 pesos.
Desalambrar Moreno
