Según fuentes extraoficiales del caso, aquellos padres de menores donde se pudo probar que realizaron los llamados de amenaza de bomba a colegios zonales el mes pasado, podrían ser afectados por demandas civiles donde podrían pagar alrededor de 100 mil pesos de indemnización por todos los gastos y delito que afecto el normal funcionamiento de clases.
Uno de los demandantes es el Gobierno de Morón quien participó ayer en dos allanamientos en Haedo realizados por la policía de la Provincia de Buenos Aires por causas vinculadas a amenazas de bomba a colegios de la zona que se produjeron en las últimas semanas.
En estas acciones, resultó detenido un menor de 17 años, acusado de los delitos de intimidación pública y alteración del orden público.
En estos operativos se hallaron teléfonos celulares desde los que fueron realizadas llamadas intimidatorias. En el caso del joven que la Justicia dispuso que sea detenido, se habría comunicado con dos instituciones educativas, mientras que el menor vinculado al otro allanamiento era propietario de una línea desde la que se hicieron amenazas a cuatro escuelas.
Además de las causa penales que lleva adelante la UFI N°2, el gobierno municipal, segun comentaron, va a encarar demandas civiles contra los padres de los menores implicados en estos delitos. El objetivo es que el Estado local sea resarcido económicamente por los gastos que implicaron los operativos ante cada amenaza.
Sobre este tema, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Bernardo Magistocchi, señaló «desde el primer momento el Intendente Ramiro Tagliaferro decidió que impulsáramos las investigaciones y las denuncias judiciales. Confiamos en que la Justicia siga haciendo su trabajo para que todos entiendan que esto no es una broma, ya que ponen en riesgo la vida de terceros y altera el orden público»
