Los responsables de la Fiscalía Federal N°2 de Morón y de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Carlos Hernán García y Santiago Marquevich, respectivamente, solicitaron al titular del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, Jorge Ernesto Rodríguez, la elevación a juicio de la investigación seguida contra seis oficiales de la Policía Local de La Matanza y un civil por secuestrar y robar a un vecino de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, el pasado 7 de febrero.
Los imputados fueron individualizados como María Florencia “Marimar” Romero, Matías Ezequiel Britez, Juan Leonel Peña, Alejandro Gabriel Gómez, Sebastián Alfredo Renversade, Gabriel Alejandro Rodríguez –todos ellos oficiales de la Policía Local de La Matanza- y Mario Mauricio Puñales, un ciudadano que prestaba servicios de vigilancia y que, según sus dichos, colaboraba ad-honorem con la Secretaría de Protección Ciudadana de dicho municipio.
En su requerimiento, los fiscales García y Marquevich le imputaron a los policías y a Puñales haber participado en el secuestro extorsivo de un vecino de Virrey del Pino, acontecido el pasado 7 de febrero, entre las 17 y las 20.45 hs. aproximadamente.
Aquel día, el hombre caminaba junto a una vecina por la calle Vilela, cuando fue interceptado por un patrullero de la Policía Local de La Matanza, del que descendieron Peña y Gómez –con sus armas reglamentarias y uniformes-, lo golpearon y lo obligaron a subir al vehículo, donde le refirieron: “Sabemos que sos transa. Sabemos que tu papá es transa. Llamá a tu papá para pedirle dinero”, aunque el joven les dijo que su padre había fallecido. Toda la maniobra contó con el apoyo de Britez y Romero, quienes también estaban uniformados, armados y se desplazaban en un móvil policial.
La víctima fue traslada hasta un descampado, ubicado en el kilómetro 40 de Virrey del Pino. Durante el trayecto, uno de los policías le sustrajo una billetera, en cuyo interior había 30 pesos, papeles y su cédula de identidad expedida por la República del Paraguay. Una vez en el baldío, fue obligada a llamar a un amigo para que pagase el rescate de $60.000. Dicha comunicación se efectuó a través del servicio de llamadas de la aplicación de mensajería WhatsApp.
Durante su cautiverio, los patrulleros –tres en total- iban y venían, uno de los policías se comunicaba con Puñales, mientras que los restantes golpeaban a la víctima, lo amenazaban con cortarle un dedo, le sacaron una foto e, incluso, Gómez disparó dos veces contra el suelo cerca donde estaba parado el joven. Finalmente, dado que el amigo de la víctima no había conseguido el dinero, ésta se ofreció a juntar el mismo el rescate y dárselos al día siguiente, por lo que, alrededor de las 20.45 hs., lo volvieron a subir a uno de los patrulleros y lo liberaron a cuadras del descampado.
Mientras duró la privación de libertad de la víctima, los implicados se comunicaron entre ellos y con Puñales. Así, el análisis de las líneas telefónicas de los involucrados –efectuado con colaboración de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza, a cargo del comisario Flavio Pampaloni- determinó la existencia de un grupo dentro de la aplicación de mensajería WhatsApp titulado “Ponela Tío”, que tenía como integrantes a los efectivos policiales imputados y a Puñales, a quien trataban coloquialmente como “Jefe”.
Detenciones
La Fiscalía –que contó con la colaboración de la UFESE- encomendó una serie de tareas investigativas que culminaron con la detención de Romero, Britez, Peña y Gómez en la sede de la Unidad Prevención Local N°6 de Ciudad Evita, donde se desempeñaban. Asimismo, el pasado 21 de febrero se logró la aprehensión de Renversade y Rodríguez, mientras que el 1° de marzo se detuvo a Mario Puñales, en el interior del Hospital Santojanni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al ser indagados, algunos de los imputados se refirieron al hecho como un “procedimiento” por comercialización de estupefacientes, uno se negó a declarar y otros argumentaron que se trataba de una represalia por haber desbaratado una red de proveedores de narcóticos.
Sin embargo, los fiscales lograron establecer –gracias a informes y peritajes- que el día del hecho los patrulleros involucrados fueron usados por los imputados durante sus turnos y que, incluso, Puñales estuvo en el interior de uno de ellos –dado que se halló una huella digital en uno de los vidrios del móvil-.
Imputación
En base a las pruebas colectadas, los fiscales García y Marquevich le requirieron al titular del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, Jorge Ernesto Rodríguez, que eleve a juicio la investigación seguida contra María Florencia Romero, Juan Leonel Peña, Alejandro Gabriel Gómez, Sebastián Alfredo Renversade y Gabriel Alejandro Rodríguez, como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por el empleo de armas de fuego, por resultar los participantes agentes de una fuerza de seguridad y por el número de intervinientes, en concurso ideal con el delito de abuso de armas agravado por haber sido perpetrados por miembros integrantes de una fuerza de seguridad y robo agravado por el empleo de armas de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda. En igual sentido se refirieron respecto a la situación de Puñales, quien deberá ser sometido a juicio por el secuestro extorsivo, el abuso de armas y el robo.
En su requisitoria, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron además que el grupo de WhatsApp “Ponela Tío” –cuyo administrador era Rodríguez- “fue creado para perpetrar el secuestro extorsivo investigado en autos. Esa vía de comunicación sirvió a los aquí imputados a ejecutar el plan criminal que los unía y a efectuar algunas de las conversaciones extorsivas para exigir rescate dinerario a cambio de la liberación” de la víctima.
Agregaron que “Mario Mauricio Puñales intervino en los ilícitos aquí investigados, puesto que no sólo su injerencia con los imputados fue notada por la víctima, sino que ello fue confirmado por algunos de los aquí detenidos, extremo que también fue observado en el grupo de mensajería ‘Ponela Tío’ y por los propios registros de comunicaciones detallados del investigado, las ubicaciones de las antenas que captaron el tráfico de llamadas de los celulares de la comunidad criminal y su huella levantada en el móvil policial asignado el día de la comisión de los delitos a Renversade y Rodríguez”.
Durante la pesquisa, los imputados sostuvieron que Puñales intervino en algunos operativos desplegados por la fuerza, donde se desbarataron bunkers de venta de estupefacientes. Incluso, el mismo Puñales refirió colaborar ad-honorem con la Secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de La Matanza. También sus “hazañas” eran publicitadas en la red social Facebook y en un medio de comunicación zonal, al extremo que se lo conocía como “El pastor Justiciero”. Sin embargo, las autoridades municipales desmintieron que el hombre fuera empleado o tuviera relación alguna con el Gobierno Municipal, lo cual ameritó, en su momento, la extracción de testimonios para que continuara la investigación al respecto.
Fuente: Fiscales.gob.ar
