La Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora intervino en la resolución de un conflicto social a partir de la ocupación de los terrenos linderos al ferrocarril Belgrano Sur en Villa Fiorito. El fiscal Leonel Gómez Barbella convocó a dos mesas de diálogo entre Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y distintos organismos asistenciales del municipio, la provincia y nacionales para hacer frente al problema habitacional de las familias emplazadas en el predio. La intervención del Ministerio Público Fiscal estuvo basada en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en febrero de 2009.
La causa se originó a principios de este año a partir de una denuncia presentada por SOFSE, que puso en conocimiento la existencia de asentamientos que invadían el mínimo de galibo circulatorio de las formaciones del ferrocarril. La empresa también manifestó que existían construcciones de material sobre la vía auxiliar que impedían el desvío de formaciones para el cruce de servicios, y que en muchos tramos el tren debía disminuir su velocidad por las personas que moraban cerca de las vías, en una zona en la que además jugaban muchos niños, lo que tornaba insostenible mantener activo el ramal si no se variaban dichas circunstancias.
Después de algunas diligencias de rigor en el marco de la causa penal, el fiscal ordenó, a través de la directora del Servicio Local del Municipio de Lomas de Zamora y de asistentes sociales, que se identificara a los moradores y se realizara un relevamiento socio comunitario para establecer las condiciones personales, familiares y laborales de las personas allí emplazadas, además de las condiciones de vida, salud, entorno social y situación económica en el lugar, para luego solicitar a una convocatoria de resolución junto al Programa de Derechos Sociales y la Secretaría Legal y Técnica del Municipio con personas que podrían ser referentes de las familias.
El Ministerio Público Fiscal también requirió al intendente de Lomas de Zamora que designara personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de las direcciones de Servicios Locales y Abordaje Territorial para hacer un relevamiento. El trabajo realizado arrojó como resultado que en el lugar había trece familias (de las cuales cinco no vivían ahí) dentro de los límites del ferrocarril, a dos metros de la vía, compuestas por veinticuatro adultos y treinta y siete menores de edad. El asentamiento consistía de viviendas precarias sin ningún tipo de servicio, y todos los menores se encontraban escolarizados, y sin problemas de salud.
Presentado el informe, a lo largo de febrero se realizaron diversas mesas de diálogo en las que estuvieron presentes la operadora ferroviaria, representantes de la Dirección de Abordaje Territorial dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Lomas de Zamora, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Lomas de Zamora, la Dirección General de Inmobiliaria y Social del Instituto Provincial de la Vivienda, la Subsecretaría de Gobierno del Municipio de Lomas de Zamora, la Dirección de Promoción de los Derechos Sociales (Servicios Locales) del Municipio de Lomas de Zamora, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría Pública Oficial n° 2 de Lomas de Zamora, personal de la Defensoría General de la Nación en representación de los intereses de los niños que allí había, la directora de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires y la Dirección de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación.
Desde la Fiscalía se destacó la predisposición, coordinación y articulación de las diferentes dependencias gubernamentales tanto a nivel nacional, provincial como municipal, con quienes se logró desarticular el conflicto en cuestión.
En estos encuentros, se buscó la manera de la garantizar la seguridad del predio y evitar algún tipo de accidente ferroviario y hacer frente a la situación con una medida urgente que podría implicar un subsidio para las familias, y una propuesta habitacional a mediano plazo. El 10 de febrero, personal policial de consigna notificó que las familias se estaban retirando del lugar, después de que se llegase a un acuerdo entre el autoridades políticas y la empresa, con contención económica y social para las familias.
El fiscal Gómez Barbella entonces solicitó el archivo de la causa penal abierta, lo cual fue resuelto en ese sentido recientemente por el titular del Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina.
