La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el obispo de la diócesis de Merlo-Moreno, Fernando Maletti, firmaron ayer al mediodía un convenio marco de cooperación que, entre otras cuestiones, permitirá la puesta en funcionamiento de una agencia del programa ATAJO en barrios vulnerables de la zona, particularmente afectados por problemáticas vinculadas al narcotráfico y las adicciones. El acto se llevó a cabo en la sede de la diócesis y contó con la presencia del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y de representantes del municipio de Moreno que encabeza Walter Festa.
La titular del Ministerio Público Fiscal justificó el convenio en base a la necesidad de articular esfuerzos entre diferentes actores sociales y estatales comprometidos con el acceso a la justicia, especialmente en zonas de alta conflictividad social.
“La injusticia no se soluciona con un trámite, con un procedimiento a secas, lo que es necesario es la articulación de voluntades”, expresó Gils Carbó durante la firma del documento, acompañada por los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad Diego Iglesias e Indiana Garzón. “Es necesario acercar a las personas para que tengan posibilidades de ejercer los derechos que dan las normas. Pero muchas veces, la complejidad de las tramas, de los conflictos sociales o familiares y –el más complejo- resultante del narcotráfico y las adicciones, requiere sin duda alguna de una articulación que también se da con las agencias estatales, que no sólo nos aportan los casos, sino esa red de vínculos”.
El convenio formaliza de este modo la voluntad de colaboración y el trabajo desarrollado entre el Ministerio Público Fiscal y la mencionada diócesis del oeste del Gran Buenos Aires, tal como quedó plasmado en diferentes reuniones celebradas en la Procuración. De hecho, el 27 de marzo pasado la procuradora general recibió al obispo Fernando Maletti y al cura Eduardo Farrell, quien refirió en esa ocasión las amenazas que había recibido luego de una marcha realizada por el homicidio de César Méndez –supuestamente cometido por una organización dedicada al narcotráfico- en la que había oficiado de orador, y por las que debió ser trasladado en resguardo de su integridad física.
La oficina móvil del programa ATAJO funcionará en el barrio Sagrado Corazón de la localidad de Cuartel V -en la zona norte del partido, a unos 20 kilómetros del centro de Moreno- y barrios aledaños, donde el equipo de la Dirección General de Acceso a la Justicia atenderá y canalizará las consultas y denuncias de vecinos que se acerquen hasta el lugar, en pos de garantizar el efectivo ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos que por razones económicas, sociales, geográficas o culturales, se encuentran en especial condición de vulnerabilidad.
Además de los fiscales federales Iglesias y Garzón, por parte del MPF asistieron al acto los fiscales federales de Morón y Hurlingham, Sebastián Basso y Santiago Marquevich, respectivamente; el director general de Acceso a la Justicia, Julián Axat; y la secretaria de Coordinación Institucional de la Procuración General, Mariela Labozzetta.
Estuvieron presentes, además, el titular del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez, Eduardo Gabriel Sreider, y la titular de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Merlo, Marcela Maidana.
«Es un nuevo brazo que la Iglesia Católica nos suministra para ampliar las redes de acceso a la justicia para las personas que mayores dificultades tienen», señaló Gils Carbó durante el acto llevado a cabo en la sede de la diócesis, y que contó con la presencia del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y de representantes del municipio de Moreno que encabeza Walter Festa.
En tanto, el intendente Gustavo Menéndez respaldó la iniciativa, a la que calificó como «un gran paso», al tiempo que agradeció la posibilidad de «acercar la justicia a quienes más lo necesitan». «No vamos a dejar que nadie nos haga bajar los brazos», concluyó.
Por último, el obispo Fernando Maletti indicó que es «una gran alegría que la Procuración General de la Nación pueda servirse de nuestro humilde ofrecimiento» con el objetivo de que la justicia llegue a los más «pobres, débiles y sufrientes».
