El Gobierno oficializó este lunes el aumento salarial del 21% para los choferes de micros, pero el conflicto no terminó ya que el 90% de las empresas dicen que no puede pagar el incremento y podrían producir unos 5.000 despidos antes de fin de año.
La paritaria había sido firmada a principios de junio por el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y Asociación Argentina De Empresarios Del Transporte Automotor (AAETA) por la parte empresarial.
Como AAETA representa sólo al 10% de los choferes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resolvió de hecho extender el acuerdo a la Cámara Empresaria De Autotransporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (CELADI) y a la Asociación Civil Argentina Del Transporte Automotor De Pasajeros (CATAP).
Esas dos cámaras, que representan a nueve de cada diez choferes de colectivos de larga distancia, sostienen que la situación financieras de las empresas es «alarmante» y tendrían que despedir a unos 5.000 trabajadores antes de fin de año.
Fuentes del sector dijeron a NA que las empresas representadas por la CELADI y la CATAP no están en condiciones de afrontar la paritaria, por lo que «no van a pagar y va a recrudecer el problema sobre el que vienen advirtiendo al Gobierno desde 2016».
NA
