Durante 2016 se registraron un total de 673 denuncias por tortura en las distintas dependencias policiales y penitenciarias de la provincia, según un informe de la Justicia bonaerense.
La Defensa Pública de la Casación Penal de la provincia de Buenos Aires emitió su informe anual del registro de casos de torturas y tratos inhumanos que califica al actual estado, en relación a los episodios de violencia institucional, como «intolerable, registrado e impune».
Al mismo tiempo revela que durante 2016 se registraron un total de 673 denuncias de este tipo de hechos en las distintas dependencias policiales y penitenciarias, aunque la mitad de las víctimas solicitaron mantener «reserva» para evitar represalias por parte de las autoridades del lugar en el que estaban privados de la libertad.
Según el documento, del que se hace eco el Diario Popular, unos 340 casos de «tortura y tratos inhumanos» fueron denunciados y por ende, puestos en conocimiento de otro funcionario judicial, además del defensor oficial, pero en los otros 333 casos, los damnificados prefirieron «omitir» la presentación formal, a los efectos de no sufrir consecuencias posteriores por parte de los agentes de la unidad penal donde se encontraban alojados o con efectivos policiales que los detuvieron.
En un capítulo del informe de la Defensa Pública de la Casación, dedicado a la violencia policial, sobre un total de 327 casos se mencionan 307 casos de brutalidad mediante golpes de puño, puntapiés y ducha fría, entre otros.
También se hace hincapié en que «resulta especialmente preocupante que en muchos casos, las víctimas resultan personas en situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo, mujeres y adolescentes o niños».
Y sobre los menores de edad, se mantiene la práctica de encierro en comisarías, pese a la existencia de la prohibición legal y judicial.
Los denunciados son «en partes iguales» a los uniformados de la Policía y el Servicio Penitenciario, aunque alcanza en algunos episodios puntuales a personal de otras fuerzas de seguridad, tales como Gendarmería, Policía Federal, de Prefectura Naval, Policía Local o de los centros de detención de menores de La Plata y Lomas de Zamora.
«Los agentes de la Policía bonaerense serían los presuntos autores de la mayoría de los casos de torturas y tratos inhumanos registrados sobre víctimas menores de 18 años. Más de la mitad de estos casos, en total 54, fueron relevados por la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Matanza», se indicó.
Por otra parte, en el capítulo dedicado a la violencia penitenciaria, se relevaron 331 casos nuevos durante el 2016, y la gran mayoría de las denuncias (226 casos) fueron por golpes de puño y patadas; asfixias o quemaduras (15 casos) y agravamiento por aislamiento (68 casos).
En este muestreo se hace referencia a 33 casos recopilados durante el 2016, mediante el programa «Causas fraguadas/armadas» , donde se analizan y describen «patrones sistémicos» en la actuación irregular de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que conduce a la posibilidad de que haya inocentes presos.
Una problemática que se mantiene en el tiempo y que pone de manifiesto el grado de impunidad con que se manejan los «instructores» de los presuntos episodios delictivas, que luego son validados por la Justicia.
Otro rubro de importancia del trabajo, está relacionado con la atención médica, registrándose 291 casos de falta o inadecuada asistencia, por parte de las instituciones obligadas a proveérselas a los detenidos y una multiplicidad de casos que ponen en evidencia el alto grado de deterioro e insalubridad de las instalaciones penitenciarias y policiales, en las que se los aloja.
A partir de estas estadísticas, descriptivas de un panorama muchas veces invisibilizado, el nuevo informe de la Defensa Pública de la Casación Bonaerense apunta que el «cuadro de violencias institucionales es gravísimo».
En virtud de dichos datos «se requirió a los Poderes del Estado Provincial involucrados, una serie de medidas concretas: creación del mecanismo de prevención de torturas; de una policía judicial; que la salud penitenciaria sea prestada por el Ministerio y dotar de independencia a la Defensa pública, entre otras conclusiones».
Del Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos, a cargo de Mario Coriolano, surge «una radiografía de 673 nuevos casos relevados por un grupo de defensores de los diferentes departamentos judiciales bonaerense, que lo vienen haciendo desde su inicio en el año 2000, en virtud de una resolución del Defensor de casación que luego obtuviera respaldo legislativo».
En el desagregado de los Tribunales que más hechos revelaron, figuran el de Morón (214 casos), Bahía Blanca (103 casos), Mercedes (68 casos), La Matanza (60 casos), San Nicolás (48 casos), Lomas de Zamora (33 casos), entre otros.
NA
