La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires participó esta semana en calidad de querellante en una nueva audiencia del juicio oral y público que se sigue contra Carlos Ernesto «el Indio» Castillo, y Juan José «Pipi» Pomares acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad.
La causa es conocida como CNU, ya que ambos acusados eran miembros de la Concentración Nacionalista Universitaria de la ciudad de La Plata durante la década de 1970.
En las audiencias de esta semana declararon como testigos Graciela Rayson (hermana de Daniel Rayson, asesinado en febrero de 1976 por la CNU); Luis Ricardo Córdoba (víctima del terrorismo de Estado, quien identificó a los imputados por haber compartido su detención en la Unidad 9); y Ariel Alberto Suárez (hijo de Luisa Marta Córica, asesinada en abril de 1975 por la CNU).
Castillo y Pomares están siendo juzgados por los asesinatos de Carlos Antonio Domínguez, Leandro Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Herminia Martini, y la privación ilegal de la libertad de tres víctimas, delitos ocurridos entre febrero y abril de 1976 y considerados crímenes de lesa humanidad por haber sido cometidos con la anuencia o tolerancia del Estado.
La CNU fue una organización paramilitar de ultraderecha surgida en 1968 que, durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón y con la garantía de impunidad del Estado, cometió secuestros, asesinatos y robos, caracterizados por el uso de una extrema violencia contra personas vinculadas a actividades partidarias o gremiales.
En diciembre del año pasado se dictó la primera sentencia contra miembros de la CNU de Mar del Plata, en la que se tuvo por acreditado que los crímenes cometidos por esta organización son de lesa humanidad.
La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense también fue querellante en este proceso.
NA
