Referentes de todo el arco político del país cuestionaron en las últimas horas el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el cómputo del 2×1 en las penas de represores y coincidieron en que ese beneficio no puede otorgarse a condenados por delitos de lesa humanidad.
«Manifiesto mi posición contraria a la ley del 2×1 que es un desatino. Esta ley beneficia a lo peor del delito. Es un fallo de la Corte y hay que respetarlo, pero tengo una mirada crítica», aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Este jueves en reunión de Gabinete en la Casa Rosada, el funcionario explicó los alcances de la decisión ante las autoridades nacionales y detalló que hubo «coincidencia en una crítica que ya había de la ley del 2×1, que si bien está derogada, sigue generando efectos muy perniciosos en términos de cómo se asignan prioridades a la hora de contar los plazos y que recuperen la libertad personas que generalmente cometieron delitos muy, muy graves».
El Comité Nacional de la UCR, en tanto, repudió el «criterio adoptado» por la Corte, al entender que «implica un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia».
En un comunicado, el partido que encabeza el intendente de Santa Fe, José Corral, aclaró que mantiene su «irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial», pero manifestó «su enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Muiña».
El diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky consideró «reprochable» el fallo y un «grave retroceso en todo lo logrado en materia judicial respecto a los crímenes cometidos por el terrorismo de estado».
«Ni olvido ni perdón, mucho menos reducción de penas», recalcó Lipovetzky, exsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, en un comunicado.
Del frente oficialista Cambiemos, el único partido que no se expidió sobre el caso fue la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
A su vez, el Frente Renovador de Sergio Massa rechazó el 2×1 «en todos los casos y fundamentalmente en los de lesa humanidad».
«Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa», señaló el FR.
Para el Frente para la Victoria, la decisión del máximo tribunal es un «insólito beneficio a los genocidas», que «significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los derechos humanos».
«La aplicación del 2×1 es lisa y llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas», subrayó el bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados.
En tanto, el GEN de Margarita Stolbizer rechazó «la aplicación de este beneficio que desconoce la política de Memoria, Verdad y Justicia avalada por la mayoría del pueblo argentino desde la recuperación de la democracia».
«No se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos», indicó el GEN.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por su parte, expresó su «desacuerdo» con el fallo de la Corte y resaltó que «va en la dirección contraria del castigo a los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y deben ser juzgados».
«También va en la dirección contraria del repudio al terrorismo de Estado que es absolutamente necesario para que nunca más nos vuelva a pasar a los argentinos», agregó el mandatario provincial.
