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El gobierno bonaerense ratificó su propuesta para aumentar los peajes

El gobierno bonaerense ratificó su idea de aumentar las tarifas del peaje en la Autopista La Plata-Buenos Aires, dispuesta en febrero pasado por el Poder Ejecutivo y suspendida por la Justicia, al sostener que es «lógico» que los usuarios que utilizan la arteria realicen un «esfuerzo adicional» por beneficiarse de las mejoras.

«No tenemos el concepto de que cobramos las obras, sí el de hacer la inversión para que quienes la utilicen», sostuvo el directivo, quien aseguró que «en este último año y medio, Aubasa no sólo cumplió con el 100 por ciento de las obras previstas en el contrato de concesión, sino que ha hecho aun más de las pautadas».

El titular de Aubasa, sobre las modificaciones en el cuadro tarifario, dijo que «hubo una propuesta de la Unidad de Control de Concesiones Viales para un suba del 33% en horario no pico y un 25% en horario pico».

A la audiencia de ayer se sumará otral el miércoles 10 de mayo, en este caso en la localidad de General Madariaga, para discutir el costo del peaje en el corredor vial integrado por la Autovía 2, la Ruta Nacional 11 y otras con trazado a la Costa Atlántica.

La audiencia es uno de los requisitos fijados por el juez en lo Civil y Comercial de La Plata, José Catoggio, quien al hacer lugar a un planteo judicial de la Defensoría del Pueblo provincial y la organización «Consumidores Responsables», objetó que el aumento del peaje se había dispuesto sin previa audiencia pública.

La propuesta de aumento que el gobierno publicó en el Boletín Oficial el 14 de febrero establece un incremento en los peajes de Hudson y Dock Sud de la Autopista de 15 a 20 pesos para automóviles (categoría 2) en horario normal y de 20 a 25 pesos en hora pico, que va de 7 a 10 sentido a la Capital Federal y de 17 a 20, mano a Provincia.

En tanto que en la Autovía 2 la suba pretendida en las cinco cabinas incrementa de 45 a 75 pesos para los peajes Samborombón, La Huella y Maipú, y de 65 y 70 pesos para los puestos de Madariaga y Mar Chiquita, respectivamente.

En el marco de esta discusón, el Defensor de Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se manifestó en contra de «audiencias públicas así como están planteadas» al considerar que son un procedimiento no vinculante que debe seguir el Poder Ejecutivo para fijar los aumentos de tarifas de los servicios públicos privatizados y en el que la participación de los consumidores «es mera formalidad».

Lorenzino sostuvo «no es oportuno otro aumento más, venimos de 16 meses de aumentos de tarifas y los salarios no crecieron en la misma proporción».

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