El vicepresidente segundo del Senado bonaerense, el massista Sebastián Galmarini, reclamó al oficialismo que avance con dos proyectos para modificar la ley de enjuiciamiento a los jueces provinciales y limitar «los beneficios a los condenados por delitos sexuales».
«La sociedad nos reclama un sistema judicial que considere a las víctimas. Desde el Frente Renovador, impulsamos el proyecto que limita los beneficios a los condenados por delitos sexuales. Hay que terminar con el festival de excarcelaciones en el caso de los delitos contra la integridad sexual», sostuvo el legislador sobre la iniciativa.
Galmarini explicó que la medida «ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero ni el presidente Macri ni sus senadores permiten que avance su tratamiento para la sanción definitiva de la ley».
A la vez, el senador de San Isidro propuso una modificación a la Ley 13661, para agilizar los procesos de juicios políticos, para tener una ley de enjuiciamiento «más cercana a la comunidad», con un adecuado control del desempeño de magistrados y funcionarios judiciales.
Actualmente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios lo preside el titular de la Suprema Corte y como éste cambia anualmente, la iniciativa legislativa radica en que el presidente que interviene en el inicio de la causa continúe hasta su culminación.
Asimismo, otra de las modificaciones introducidas por Galmarini indica que los legisladores sorteados en la conformación del Jurado y que hayan renovado sus mandatos continúen conformando dicho Jurado: de ésta manera se busca que no haya sucesivos cambios de la integración, entorpeciendo su funcionamiento.
El proyecto de ley presentado en el Senado prevé la posibilidad de hacer comparecer a testigos, peritos y otros intervinientes por medio de la fuerza pública, y además modifica el sistema del embargo de los salarios del funcionario suspendido, transparentando la disponibilidad de dichos fondos.
Al respecto, el legislador del Frente Renovador se refirió a la licencia del juez Carlos Alfredo Rossi de Entre Ríos, quien enfrenta varios pedidos de juicio político por haber dejado en libertad al acusado de asesinar a Micaela García en Gualeguay: «Es un disparate que se tome licencia en medio del estado de convulsión social que generó la muerte de Micaela», apuntó.
NA
