En la recta final del año parlamentario y con la polémica por el Impuesto a las Ganancias fuera de agenda, el Senado abordará mañana en sesión extraordinaria la iniciativa que declara la Emergencia Social y la Ley de Riesgos de Trabajo.
La sesión se iniciará a las 10:00, probablemente con el tratamiento de la Emergencia Social, que ya tiene media sanción de Diputados y que no tendría obstáculos para convertirse en ley.
La CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones sociales volverán a concentrarse frente al Congreso para acompañar el debate: en un comunicado, anunciaron que la militancia se concentrará a partir del mediodía en la intersección de la Avenida de Mayo y 9 de Juli, y desde allí marchará hacia las puertas del Parlamento, donde permanecerá hasta el final de la votación.
Esta iniciativa, que crea la figura del Salario Social Complementario (absorbiendo bajo su figura todos los planes sociales existentes) para los trabajadores de la economía informal, recibió dictamen este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que al no cumplirse el plazo reglamentario de siete días desde la firma del despacho hasta la votación, se requerirá una mayoría de dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.
Al mediar un amplio acuerdo transversal entre las bancadas oficialistas y opositoras para que el tema se trate, esta mayoría está garantizada y también está previsto que la normativa sea aprobada cómodamente en la votación.
El proyecto fue aprobada por la Cámara baja con 228 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, en medio de un amplio consenso entre el Gobierno, las agrupaciones sociales de trabajadores informales y casi todos los bloques de diputados, con la excepción del Frente de Izquierda.
La iniciativa, surgida a partir de la presión de las organizaciones sociales y consensuada con el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, declara la emergencia social en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
Para ello, se faculta a la Jefatura de Gabinete a «efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias» hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.
El Consejo de la Economía Popular, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como «un ámbito institucional permanente», estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP.
La nueva ley de ART que envió el Poder Ejecutivo establece que las comisiones médicas deben ser la instancia obligatoria previa a la realización de un eventual juicio por accidentes laborales y se incorporó por pedido de la CGT un compromiso de elaborar en el plazo de tres meses un proyecto de ley de prevención en el ámbito del Consejo Consultivo que agrupa a los sindicatos, las ART y el Estado.
A pedido de la oposición, también se incorporó al proyecto un criterio de cobro inmediato de las indemnizaciones y una actualización en los cálculos de ingreso.
NA
