La titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo, requirió al juez federal de esa jurisdicción, Luis Armella, investigar a seis personas acusadas de integrar una organización dedicada a inscribir personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que emitan facturas electrónicas apócrifas. La maniobra ocasionó un perjuicio tributario, entre el periodo fiscal 2015 y hasta agosto de 2016, de $1.553.163.035.
Los imputados son Ángel Guidoccio y Lucía Barreto -responsables del estudio contable “Guidoccio S.R.L.”-, el empleado Gustavo López, Luis Norberto Jaite -en su calidad de apoderado de los contribuyentes Suárez, D’Angelo, Gramajo y Fernández-, Damián Cisneros –como titular de la conexión IP desde la que se realizaron casi todas las transacciones apócrifas ante la AFIP-y Mabel Vinals, responsable -junto a Guidoccio- de la firma “Consultores y Auditores S.R.L.”
La investigación se inició cuando el jefe interino de la Sección Investigación y Análisis Penal de la División Penal Tributaria del Departamento de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fernando Berzero, denunció ante la justicia federal de Lomas de Zamora que una serie de diligencias efectuadas por el organismo fiscal permitieron la individualización de 30 proveedores de facturas electrónicas, quienes las emitían sin tener capacidad económica ni estructura administrativa para realizar ese tipo de operaciones comerciales. Asimismo, también refirió que muchos de esos documentos eran emitidos por clientes de Guidoccio, desde direcciones IP pertenecientes a su estudio contable o a personas vinculadas a él.
El 19 de octubre pasado, el titular del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, declinó competencia en favor de la Justicia de Quilmes. Así, su colega Armella corrió vista a la fiscal Cavallo, quien imputó a Guidoccio, Barreto, Jaite, Cisneros, López y Vinals, como integrantes de una presunta organización dedicada a la falsificación ideológica y matrial de facturas electrónicas para favorecer la evasión fiscal de diversos contribuyentes, y requirió investigarlos en orden a los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos e infracciones a la ley 24.769 de Régimen Penal Tributario.
Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la realización de una serie de medidas investigativas, entre las que se incluyeron los allanamientos –realizados en el día de ayer- en distintos domicilios de las localidades bonaerenses de Quilmes, Sarandí y Rafael Calzada.
