El fiscal federal de Tres de Febrero, Paulo Starc, requirió la elevación a juicio oral y público de la causa que tiene acusados a ocho hombres por el secuestro extorsivo en abril de 2015 del empresario Daniel Alejandro Rebagliati, quien recuperó la libertad tras ocho días de cautiverio y del pago, por parte de su familia, de 1,3 millones de pesos y de 9600 dólares en concepto de rescate.
Starc, quien actuó en la investigación del caso con la asistencia de los secretarios Pablo Fonzo y Juan Trujillo, acusó a Marcos Eduardo Pomponio (35), Sergio Domingo Zari (39) -ex suboficial de la Policía Federal, sindicado jefe de la banda-, Daniel Alberto Burgos (25), Julio César Rodríguez (30), Miguel Ángel Aguiar Ocampo (29), Lionel Verni Ali (28), Sergio Emanuel Hassan (30) y Mariano Bulgarelli (25). Todos ellos fueron considerados por la Fiscalía como los autores del secuestro extorsivo y el robo de las pertenencias de la víctima. Actualmente permanecen detenidos en las cáceles federales de Marcos Paz y Ezeiza.
El fiscal también acusó a Emily Paola Galleto (21), pareja de Pomponio, de haber recibido parte del rescate pagado por la familia de la víctima, conociendo el origen del dinero y con el objetivo de lucrar con él. Por ese motivo, está acusada de encubrimiento. Galleto fue detenida cuando intentaba ocultarse llevando consigo buena parte del dinero pagado como rescate. Sin embargo, con posterioridad a ello fue puesta en libertad por el Juzgado interviniente y, a instancias de la Fiscalía, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín decretó su prisión preventiva, aunque tal medida no fue materializada aún pese a la insistencia del Ministerio Público.
Los hechos que irán a juicio oral comenzaron el 28 de abril de 2015, cuando poco antes de las 8.00 Daniel Alejandro Rebagliati fue interceptado en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, mientras conducía su camioneta Ford Ranger. Desde una camioneta Honda CRV color negro descendieron cuatro hombres armados, con sus rostros cubiertos con pasamontañas negros, tres de los cuales portando ametralladoras, y obligaron a la víctima a bajar de la Ford Ranger y a ingresar en la parte trasera de la Honda. Allí lo sentaron en el centro del asiento. A cada lado, se situó un secuestrador y Rebagliati fue encapuchado.
Los captores luego trasladaron a la víctima por tres lugares diferentes donde la mantuvieron en cautiverio hasta el 6 de mayo, cuando aproximadamente a las 3.00 fue liberada en el partido de Almirante Brown, tras el pago del rescate tres horas antes por parte de su hermano. El pago se realizó con un bolso con dinero que fue arrojado desde el Ferrocarril San Martín, entre las estaciones de Santos Lugares y Caseros.
La banda fue detenida pocos días después, el 18 de mayo, en el marco de un trabajo de investigación en el que resultaron cruciales las intervenciones telefónicas, el estudio de las conductas de los usuarios de los teléfonos y el reconocimiento de la singular voz «aflautada» de Pomponio -quien realizó las llamadas extorsivas al hermano de la víctima- concretado por un peritaje que no dejó margen de duda. Unas 60 líneas fueron intervenidas por orden judicial para lograr la identificación de los autores del secuestro extorsivo. Para esas tareas, el fiscal Starc contó con la colaboración de personal especializado de la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la Investigación en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
«No es un robo al voleo»
De acuerdo con las pruebas incorporadas a la causa, entre ellas la declaración de Rebagliati, que expuso durante casi doce horas en la Fiscalía Federal, los captores lo llevaron a una especie de galpón, del que todos descendieron una vez que se cerró la puerta metálica de ingreso. «Sabemos quién sos, esto no es un robo al voleo», le dijeron. Estaban en la esquina de las calles Perú y Labarden, en Caseros, el lugar donde públicamente funcionaba un lavadero de autos, propiedad de Zari.
Los secuestradores le preguntaron a la víctima a quién debían llamar para pedirles el rescate. Les dijo que tomaran contacto con su hermano. «Me empezaron a decir que mi hermano no tenía nada, y empezaron a preguntarme de todo, quién tenía la plata, me mostraron una foto de mi hija que tenía en su Facebook, me decían que mi hijo gasta 10.000 pesos por noche en el boliche, me preguntaban movimientos financieros de la empresa mientras me pegaban, y en tres ocasiones me pusieron una picana en las manos y en los brazos por la que me descargaron electricidad. Los golpes que me dieron fueron en mi cabeza, se notaba que me pegaban con las manos, y también me tapaban la boca con sus manos», contó en su declaración testimonial.
En aquél primer lugar de cautiverio, Rebagliati fue «cuidado» por al menos otras tres personas distintas de las cuatro que lo hicieron bajar de la camioneta de su empresa. Nunca los vio. A la capucha de lycra que le colocaron en el momento del secuestro, le adicionaron una venda sobre los ojos. «Yo les decía lo que facturábamos por mes, la cantidad de empleados, y todo lo que me preguntaban, como la plata que tenía en el banco y otros datos, me sacaban toda la información que podían, me dijeron que sacase dos millones de dólares y les dije que no tengo ese dinero», relató la víctima.
Durante el cautiverio, el grupo de los «secuestradores» le recriminaba a Rebagliati, delante de los «cuidadores», que su hermano no quería pagar lo que le solicitaban, posiblemente para reducir luego la parte del botín que le correspondería a cada partícipe del hecho.
Rebagliati fue sacado tres veces de los lugares donde fue recluido y obligado a participar en las llamadas extorsivas. La banda se movió con muchas precauciones, denotando tener conocimientos previos de qué recaudos tomar para evitar ser descubiertos.
El segundo o tercer día de los ocho que duró el secuestro, la víctima fue traslada a otro lugar situado en una zona descampada. Y el último día fue trasladado a un tercer lugar, que describió como «una casa de familia», en una villa.
Al momento de su liberación, Rebagliati fue dejado descalzo, en jean y remera en una esquina. Le quitaron la capucha y le ordenaron que mirara atrás, que corriera y que no parara. Al cabo de tres cuadras, la víctima logró que un auto se detuviera. Era un remisero, que le dio la localización de la remisería. Desde allí, Rebagliati llamó a su familia.
“Las voces que se me hicieron escuchar en las conversaciones grabadas, y que reconocí, las reconozco con seguridad. Son voces que no me las olvido más, estuve ocho días escuchando las mismas voces”, dijo después la víctima en su declaración ante el fiscal Starc y el secretario Fonzo, que le reprodujeron las conversaciones telefónicas interceptadas durante el cautiverio.
La investigación y la caída
El 9 de mayo, tres días después de la liberación, la Dirección Departamental de Investigaciones de San Martín siguió los movimientos de cuatro de los miembros de la banda, que se reunieron para repartirse el botín en un una feria, «Fericrazy», realizada en Ruta 8 y Marquez del partido de San Martín. Allí estuvieron Pomponio, Zari, Aguiar Ocampo y Verni.
En las comunicaciones telefónicas grabadas quedó claro que Pomponio fue el encargado de realizar los llamados extorsivos y de «negociar» el monto del rescate con el hermano de la víctima.
Otra de las certezas que arrojó para la investigación el estudio de las ubicaciones de los teléfonos celulares es la participación de Pomponio, Verni, Burgos y Hassan en el secuestro de Rebagliati el 28 de abril, así como su presencia en las tareas de inteligencia que realizaron en los días previos, siguiendo a la víctima en el trayecto de su domicilio a la empresa.
Las detenciones de Aguiar Ocampo, Verni, Zari, Burgos y Pomponio se produjeron el 18 de mayo alrededor de las 14.00 en el marco de un operativo de interceptación protagonizado por policías bonaerenses y que, para ello, cruzaron un automóvil delante del que se movían los imputados en la intersección de Mitre y Alvear, en Caseros.
Tras el cruce del vehículo policial sobre la calzada, Aguiar Ocampo -quien conducía el VW New Beetle en el que se movía la banda- intentó atropellar a uno de los comisarios de la Policía bonaerense que les impedía el paso, mientras que Verni, desde el asiento del acompañante, apuntó con una «Bersa» calibre .380 a otro comisario. No llegó a dispararle, porque el funcionario policial disparó antes y logró herirlo.
Por ese motivo, algunos de los acusados también serán llevados a juicio por hechos delictivos que cometieron o estaban cometiendo al momento de su detención. Aguiar Ocampo y Verni están acusados de portación -sin autorización legal- de la «Bersa» .380 y de otra calibre .40 que fue encontrada durante un allanamiento, como así también del delito de resistencia a la autoridad.
Pomponio también se encuentra acusado de falsificar un documento nacional de identidad que utilizaba con su fotografía y los datos de otra persona, que le fue secuestrado durante su detención y cuya identidad empleaba, tal vez para evitar ser detenido, pues pesaba sobre él una anterior captura por el delito de homicidio.
