Los médicos de la cárcel de Ezeiza indicaron que Etchecolatz había perdido 8 kilos en 18 días de huelga de hambre tras consignar que pesaba 6 kilos más a los constatados en un informe anterior de sus colegas del Cuerpo Médico Forense. Por otro lado, la Fiscalía prepara un recurso de Casación contra las últimas resoluciones.
Los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira pidieron que se investigue si profesionales médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) falsearon datos sobre la salud del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz que indujeron a error al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 y a la propia Unidad Fiscal -integrada por los tres fiscales- que interviene en juicios por crímenes contra la humanidad en la jurisdicción de La Plata.
La denuncia fue formulada el viernes pasado ante el juez federal Ernesto Kreplak y refiere las diferencias del peso de Etchecolatz entre un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema elaborado en abril y otro rubricado en julio por los médicos penitenciarios del hospital intramuros de la cárcel de Ezeiza. El segundo, consigna un peso superior en seis kilos al primero y resulta la base en la que esos mismos médicos del penal se basaron para señalar que el represor perdió 8 kilos durante la huelga de hambre que inició para reclamar su prisión domiciliaria. En base a esa supuesta pérdida de peso, los penitenciarios recomendaron que regresara a su casa el ex comisario múltiplemente condenado.
En efecto, los tres fiscales indicaron «una serie de desavenencias» sobre el peso de Etchecolatz «entre lo informado por el Cuerpo Médico Forense y las aseveraciones efectuadas por los médicos del SPF» y advirtieron: «Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos a la causa por los funcionarios actuantes».
La situación «cobra especial interés toda vez que [el peso] resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado», indicaron los representantes del MPF.
Explicaron al respecto que en abril pasado, el Cuerpo Médico Forense informó que el represor pesaba 67 kilos, en el marco de un incidente sobre solicitud de prisión domiciliaria en el que, para esa fecha, debió dictaminar la Unidad Fiscal, que finalmente se opuso al beneficio.
En ese incidente el TOCF le otorgó la domiciliaria el 22 de julio -desoyendo el dictamen fiscal- y Etchecolatz inició la huelga de hambre, dado que el beneficio no se hizo efectivo. En ese marco, los médicos del SPF consignaron el 25 de julio pasado que Etchecolatz pesaba 73 kilos. «Se consignó, a partir de allí, una escala decreciente en su peso, como supuesta consecuencia de la medida, que lo llevó a perder 8 kilos al 12 de agosto, donde se consigna que pesaba 65 kilos», describieron.
Los fiscales hicieron notar «una diferencia notable entre el peso consignado por el Cuerpo Médico en abril (67 kilos) y el establecido por el inicio de la huelga de hambre en julio (73 kilos), usado como parangón para establecer la pérdida de peso». Para la Fiscalía no es creíble que Etchecolatz hubiera aumentado seis kilos en tres meses y que, tras una huelga de hambre de 18 días, hubiera regresado a un peso similar al inicial.
En ese sentido, los representantes del MPF indicaron que «la gravedad de lo advertido» cobra relieve porque para dictaminar frente a un pedido de Etchecolatz debieron basar su opinión «en tales informes del Servicio Penitenciario, confiando en la buena fe de lo consignado». Sucedió que, previo a ese dictamen, el propio Tribunal rechazó el pedido de los fiscales para que se convocara al Cuerpo Médico Forense a dictaminar, tal como es práctica en estos casos.
Desde abril, la Unidad Fiscal había dictaminado en dos ocasiones el rechazo a la solicitud de prisiones domiciliarias presentadas por la defensa de Etchecolatz. El represor viene replicando ese tipo de requerimientos en todas las causas en las que se encuentra procesado o cumpliendo condena, tanto en la fase de ejecución como las que se encuentran recurridas en instancias superiores.
En uno de los dictámenes, presentado en julio, los fiscales postularon el rechazo dejando entrever cierta extrañeza frente al proceder de uno de los médicos del SPF, cuyos informes abrieran en definitiva esta cadena de reclamos en este sentido. La Fiscalía destacó que las opiniones de ese profesional habían sido remitidas al Tribunal sin requerimiento alguno y con desconocimiento de sus superiores, y sugiriendo la posibilidad de arresto domiciliario.
Esa situación y el resultado del informe conjunto de los profesionales del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General, que fue ordenado por el juez Kreplak luego de iniciada la huelga de hambre, llevaron a descartar de plano para la Fiscalía y para el Juzgado la posibilidad de que la situación de Etchecolatz encuadre en una prisión domiciliaria domiciliaria.
Pero tras las diferentes presentaciones, Etchecolatz ha recibido sentencias favorables de diferentes tribunales: el TOCF N°1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria en la causa por dos homicidios por los que fue condenado en 2014, en tres causas que están en etapa de ejecución de la pena (la causa Camps de 1986, la causa «Bergés-Etchecolatz» de 2004 y la «causa Etchecolatz» de 2006) y en las causas por los crímenes en el Circuito Camps (condena de 2012 en revisión) y Quilmes, en la que aún no se fijó fecha de debate. En estas últimas la decisión fue adoptada el viernes pasado y la Unidad Fiscal adelantó a Fiscales que prepara el recurso de casación para solicitar su revocación.
En tanto, el TOCF 6 de la Capital Federal y la Cámara Federal porteña le otorgaron a Etchecolatz el mismo beneficio en la causa por los crímenes en el centro clandestino que funcionó en la denominada Brigada Güemes, tanto el expediente elevado a debate como en la causa en la se continúa investigando otros hechos en instrucción, respectivamente.
Pero el represor no logró hacer efectivo esos beneficios porque el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, le denegó los pedidos en las causas que lo tienen procesado por crímenes en las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús.
