El secretario de Servicios Públicos del Organismo, Jorge Ruesga, manifestó que “la Defensoría tiene una visión crítica sobre el proceso de aumentos de los servicios públicos que afectará a todos los usuarios de la Provincia”.
En cuanto a las inversiones, Ruesga destacó que serán financiadas con los aportes de los ciudadanos, “por tal motivo ENARGAS y el estado nacional tienen que exigir un estricto control de las inversiones y crear una mesa donde se puedan seguir los niveles y costos de inversión, dónde y con qué prestadora se realizan”.
Por otro lado, volvió a ratificar la opinión del Defensor, Guido Lorenzino, sobre la necesidad de modificar las audiencias públicas para que sean vinculantes y dejen de ser espacios formales.
“Nosotros entendemos que estos niveles de aumento no son razonables ni acordes con la situación que está atravesando la sociedad argentina, sobre todo los sectores más vulnerables”, concluyó.
